En medio de la crisis sanitaria y en el umbral de una inminente crisis económica global que quizá nunca hayamos visto; con fenómenos sociales que van de lo individual a lo colectivo con alcances impensados, un grupo de arrogantes gobernadores de algunos Estados han caído en sus propias redes sociales y en la mitomanía a la que ellos mismos han abonado, que los lleva a creer sus propias exageraciones y falsedades y ver, con la participación interesada de medios de comunicación, un caos político irremediable en el naciente régimen de López Obrador. Y aquí encuentran la verdadera y nunca confesable razón de amagar al Gobierno Federal filtrando (porque no lo han dicho abiertamente) la intención de separarse del pacto Federal Republicano si no se modifica el Convenio-Ley por el que se distribuyen los ingresos tributarios en la Republica. El tema de la justicia distributiva es la faceta razonable e incuestionable con la que quieren presentar su inconformidad, pues desde hace años se han generado polémicas sobre el tema del Federalismo que debe corresponder a una República como la nuestra. En efecto desde sus artículos en aquella naciente democracia norteamericana de fines del siglo XVIII, Madison, Hamilton y John Jay, buscaban apoyar la ratificación de la Constitución de los EEUU argumentando una estabilidad y gobernanza basadas en el compartimiento del poder entre los Estados miembros del Pacto y el respeto de ciertas autonomías (en México se habla de Soberanías lo que parece una sobredimensión al analizarse política y jurídicamente el concepto) como darse sus propias leyes locales, pero sobre recibir una cantidad justa de los ingresos fiscales en los que los tres niveles de Gobierno de esfuerzan para conservar ahí sí, una federación que sea Soberana y pueda coexistir en armonía con otros, sean potencias o países en desarrollo. El Gobierno de esa Federación debe legitimarse conforme a la Constitución o Pacto Federal por una elección popular, en el caso de México con votos que valen igual todos y cada uno de ellos (voto universal y personalísimo). El sistema al igual que el americano es PRESIDENCIALISTA, pues a pesar de que el Gobierno lo integran tres poderes, el Ejecutivo tiene facultades definitorias en momentos clave, como en el que vivimos ahora, cuando puede hacer declaratoria de Estado de Excepción por necesidad de la Pandemia o suspensión de Garantías, como se le ha conocido en el clasicismo constitucionalista; medidas como en las que algunos Gobernadores acelerados por una súbita automatización total que nunca antes han buscado se proyectan, al prohibir el tránsito a las personas o las obligan a permanecer encerradas o a cerrar los comercios actuando con lo que ellos identifican como Soberanía; mismas medidas que si no van acompañadas, armonizadas o derivadas con disposiciones federales, resultan ilegales. Aquí la soberanía dichosa y de suyo cuestionable se confunde además con actitudes posiblemente devenidas de los aplausos y matracas de campaña: la soberbia. Y claro que esta contra virtud humana tiene que ver con los separatismos: recuérdese lo que consignan historiadores sobre la actitud de quienes habitaban los territorios de Texas, Nuevo México, Arizona, etc. en el norte de nuestro país poco después de la Independencia cuando México no lograba consolidarse como independiente y soberano, con el acecho y los embates, disfrazados y no, de varias potencias como Francia, España, Austria y EEUU. Ahí se contó desfavorablemente con la soberbia y clasismo de nuestros hermanos norteños que en su gran mayoría preferían ser o sentían ser Estadounidenses, renegando del mandonas indígena del sur de nuestro país y que en penitencia siguen a pesar de su progreso y supuesta nacionalidad gringa, siendo discriminados por los anglosajones. En el fondo eran conducidos por unos cuantos que veían en el cambio la oportunidad de obtener poder político, el que a fin de cuentas siempre les ha sido escatimado por el tío Sam y la xenofobia que donde quiera aparece. Esto generó una reacción que no era quizá justificable pero sí resultaba para el momento bastante explicable: el centralismo nunca mejor representado que con la figura de las jefaturas y prefecturas políticas: el caciquismo en cada rincón del país para que los gobiernos ni los municipios se “independizaran”. El costo es igualmente pernicioso. En la actualidad efectivamente la Federación se lleva 80%, los Estados el 15% y los municipios el 5%. El tema es complejo por lo que la simpleza de duplicar a Estados y Municipios por igual no tiene un sustento racional. En todo caso la base del Federalismo es el municipio y técnicamente es a estos a quienes correspondería la mayor parte de la Administración Pública de los recursos, lo que sucede. Los Gobernadores que juegan a una peligrosa rebelión no pueden recriminar a la Federación de manejar tantos recursos cuando ellos hacen lo mismo con los Municipios. Para los que inducen irresponsablemente, recuérdese que el exilio también duele.