A más de un año encarcelada, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, dijo en una carta publicada este lunes que “es rehén” de la Fiscalía General de la República (FGR) porque no ha querido” colaborar para que obtengan información que ellos quieren (sin importar que sea verdad)”. En la misiva, Robles agregó que tiene información de “fuentes al interior de la FGR” sobre las declaraciones que han hecho excolaboradores, a quienes, afirma, se les ha ofrecido inmunidad “a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”. “También sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”, detalló. Robles Berlanga insistió en que “no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley”. “No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley”, sentenció. El 13 de agosto, a un año de su encarcelamiento, la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga difundió otra carta en la que afirmó que se encuentra en prisión porque la procuración de justicia fue selectiva con su juicio. “Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí” señaló. Rosario Robles está en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto del 2019 luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó prisión preventiva. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México es acusada por ejercicio indebido del servicio público cuando era la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015. El segundo delito por el que se le investiga es por ejercicio indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.