La Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante los tribunales un nuevo caso de la estafa en la Sedatu, esta vez contra dos de  sus ex funcionarios que habrían estado relacionados con un presunto desvío de más de 186 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). La dependencia federal judicializó una carpeta de investigación contra José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones de la dependencia. De acuerdo con informes federales, la Fiscalía presentó la imputación por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en la modalidad de haber otorgado autorizaciones de contenido económico, sancionado con 6 meses a 12 años de prisión y 30 a 150 días multa. Datos recabados refieren que ambos ex servidores públicos fueron citados el viernes por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte; sin embargo, la audiencia fue aplazada porque sólo asistió Orozco. El pasado 21 de febrero, REFORMA publicó que la firma de varios ex funcionarios había sido falsificada en los contratos de la Sedatu para presuntamente desviar fondos del erario y que uno de ellos era Orozco. Los hechos que se les atribuyen a dichos ex servidores públicos son haber suscrito entre el 12 y el 16 de octubre de 2015 un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas, para que ésta elaborara y le proveyera de 4 análisis y  diagnósticos. El trabajo era elaborar "Análisis de Experiencias Internacionales en el Marco del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de las Zonas Económicamente Exclusivas, y Diagnóstico y Análisis de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos de los Municipios de Zona de Influencia de Puerto Chiapas, municipios de Michoacán y Guerrero, que colindan con el Puerto de Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec". Aunque por ley la Universidad no podía subcontratar más del 49 por ciento del valor total del contrato, la UPCH adjudicó el servicio completo a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados S.C., por un monto de 81 millones 642 mil 800 pesos. Otro aspecto cuestionado en este asunto es que los servicios contratados tampoco habrían sido entregados a la Universidad y que ésta presumiblemente retuvo los restantes, 104 millones de pesos del depósito original que le hizo la Sedatu. "Se tiene que la UPCH le cobró a la Sedatu un sobrecosto de 104 mil 470.6 millones de pesos, los cuales no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con la Sedatu, en virtud de que la Universidad adquirió una solución tecnológica Big Data y 2 camionetas. Lo que evidencia que los recursos públicos federales fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados", dijo la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2016. -- Reforma