Ayer referimos el problema en la atención a los centros de reclusión en Nuevo León. Recuperamos el dato de las 49 personas que perdieron la vida en Topo Chico en febrero del 2016 a los que trágicamente hoy se suman 16 para llegar a un total de 65 personas muertas en revueltas dentro de los penales en la entidad. No es la primera ocasión que tratamos el tema y menos en la que señalamos la indiferencia de los gobernadores en la materia, particularmente de sus secretarios de gobierno de quienes dependen directamente estos centros. En tiempo recientes he relatado hechos también ocurridos en Quintana Roo, Guerrero, Sinaloa Tamaulipas y Chihuahua. Qué pasa con la administración penitenciaria, qué pasa con la indolencia de los gobernantes en este campo. México arrastra este problema por décadas y con el recrudecimiento del crimen organizado y su persecución se ha acentuado, pero es una asignatura que ya no puede esperar.