San Luis Potosí, México (27 abril 2018).-  La justicia para una joven violada por 5 integrantes de “La Manada”, durante las Fiestas de San Fermín efectuadas en 2016 en la ciudad de Pamplona en España, podría tardar aun más en llegar, luego de que la Audiencia Provincial de Navarra condenó a apenas 9 años de prisión y 5 años de libertad vigilada a los responsables de esto, declaró Silvia Beltrán, abogada y politóloga española, en entrevista para Imagen Informativa 103.1. Anunció que dicha sentencia será recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin embargo falta ver qué resuelve esta instancia y si es necesario presentar posteriores recursos a altas instancias, lo cual podría alargar el proceso. Es decir que la modificación de la sentencia y la calificación de agresión y no de abuso sexual, dependerá de las instancias posteriores. Advirtió que con el finde combatir que estas sentencias se repitan se debería formar a los operadores jurídicos, amonestar a los y las jueces que no apliquen la normativa nacional y también instarles a que apliquen las normas internacionales, que abogan por los derechos de las mujeres. Consideró que esta resolución marca un grave precedente para el consentimiento y libertad sexual de las mujeres, pues refuerza la idea de que es legítimo que una mujer participe en un acto sexual bajo circunstancias de presión, ya que los jueces lo calificaron simplemente como abuso sexual, pero no como violación, pese a que existían pruebas que apuntaban a que hubo intimidación hacia la victima al obligarla a adoptar una actitud de sometimiento. Explicó que los hechos probados de la sentencia narraban un episodio en el que la víctima sufrió, fue tomada por el pelo y la mandíbula y recibió 5 penetraciones bucales, 3 vaginales y una anal; por lo que no hay razón para que los jueces tomaran esta determinación. Los jueces señalan en su sentencia que no se encontró el delito de agresión sexual, que implica violencia e intimidación hacia la víctima, por lo que solo tendrán que afrontar 9 años en la cárcel e indemnizar a la víctima con 50 mil euros, cuando la petición fiscal era de una pena de 22 años de prisión.