Desde hace 10 años los legisladores han eludido su responsabilidad de regular el uso de Publicidad Oficial, señaló Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, quien recordó que incluso al inicio del presente sexenio, una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto fue generar una Ley de Publicidad gubernamental. Indicó que este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría cambiar esta situación, pues la Publicidad Oficial se ha ejercido de manera discrecional y ha sido utilizada como una herramienta de censura indirecta para favorecer o castigar a los medios de comunicación según sus líneas editoriales cuando debe de ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Para esto debe de garantizar la difusión de información imparcial, veraz y oportuna y relevante para toda la población, pero dijo que a la fecha prevalecen prácticas que han ejercido, tanto gobierno federal, estatal y municipal, aprovechándose de un vacío legal, y que ha dado como resultado “prácticas que benefician a unos cuantos, lo que daña y ataca de manera directa la libertad de expresión”.  Indicó que por eso se hace relevante, la regulación de la publicidad pues con ella se establecerían los límites para evitar sobre ejercicios presupuestarios, para restringir la pluralidad informativa, evitar el uso personalizado de la comunicación oficial por parte de los servidores públicos, así como frenar las prácticas ligadas a la corrupción como vínculos financieros entre los medios y los gobiernos.  Añadió que la publicidad oficial debe ser una herramienta para la libertad de expresión, y no para el financiamiento de los medios de comunicación ni para promocionar la imagen de alguna persona.  Expuso que se han presentado numerosas iniciativas para legislar en el tema desde 2007, a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de febrero de 2014, se estableció una obligación expresa a para que el Poder Legislativo reglamentara el ejercicio de la publicidad oficial, a más tardar en abril de 2014.  Por lo que la forma en que resuelva este caso la SCJN generará importantes implicaciones, no sólo en la manera como se ejercerá la publicidad oficial en México, sino que abre otra posibilidad para garantizar la vigencia y protección de los preceptos constitucionales frente a la omisión de los legisladores de una sus principales funciones, que es la producción normativa.