El Gobierno federal hizo una pésima inversión en penales y quienes, aparentemente, realizaron un buen negocio son los proveedores. En 2010, la Administración federal comprometió el pago a 22 años de 199 mil 476 millones de pesos por ocho centros carcelarios bajo la modalidad Asociación Público-Privada (APP). Sin embargo, estos reclusorios están hoy ocupados a la mitad de su capacidad. El costo que paga el Gobierno hace que, en promedio, cada interno cueste al día alrededor de 2 mil 400 pesos, cifra que contrasta con lo que promedia la estancia en otros 11 penales federales y que no supera los 390 pesos. Según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, siete de los ocho penales bajo el esquema APP están funcionando. Tienen una capacidad para 17 mil 648 internos, pero, al cierre de abril pasado, sólo tenían albergados a 10 mil 334 reos, es decir, estaban al 58.5 por ciento de su capacidad. Los otros 11 centros carcelarios del Gobierno federal, que no tienen participación privada, se encuentran a poco menos de la mitad de su capacidad: de los 18 mil 318 espacios disponibles, albergan 8 mil 660 reos, lo que significa una ocupación de 47.2 por ciento. Aunque en 2010, durante la Administración de Felipe Calderón, ya se sabía que la población carcelaria disminuiría por la implementación, a partir de 2014, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se avaló su construcción en la modalidad APP. Elena Azaola, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), advirtió que, además del derroche, las condiciones de los presos no mejoraron. "Se invirtieron cantidades millonarias, verdaderamente estratosféricas, en construir unos monstruos, que son unos elefantes blancos, que sirven para absolutamente nada, porque los presos ahí están en igual o peores condiciones", señaló. Estas cárceles, sostuvo, tal como lo ha documentado la CNDH, registran deficiencias en la prestación de servicios básicos como alimentación, atención médica, impartición de talleres y reinserción social. Las empresas a las que originalmente se les asignaron los contratos son ICA, Prodemex, Homex, Arendal, GIA y Tradeco, las cuales proyectaron realizar una inversión, en su conjunto, de 32 mil 822 millones de pesos para construir y poner en funcionamiento los ocho penales. Los siete reclusorios en APP que están funcionando se ubican en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas y Michoacán, y uno femenil en Morelos. Al término de los 22 años de pagos anuales de 9 mil 67 millones de pesos en promedio, los penales serán propiedad del Gobierno federal.

... Y los reprueba la CNDH Los penales operados bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) no solo han salido caros, sino que no han servido para mejorar las condiciones de reclusión de los internos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esos centros carcelarios se reproducen las deficiencias en la prestación de servicios, ha reportado la CNDH año con año, desde 2013, en sus informes sobre la situación penitenciaria del País y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, la CNDH indica que estos centros registran, entre otras cosas, deficientes condiciones materiales, de higiene y de servicios de salud. Advierte también sobre la insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas. Reporta además inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades e inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. En 2010, durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón, la entonces Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Genaro García Luna, decidió construir ocho penales bajo el esquema asociaciones público-privadas. Los penales, para los cuales se proyectó una inversión inicial de 32 mil 822 millones de pesos, iniciaron su construcción en 2011 en los estados de Coahuila, Morelos, Chiapas, Durango, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Sonora, y han entrado en operación de manera paulatina a partir de octubre de 2012. El modelo de APP, en este caso denominado Centro de Prestación de Servicios (CPS), implica que el consorcio privado, además de construir el penal debe prestar todo lo necesario para el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. Entre estos servicios están: alimentación, lavandería, laboratorio, almacenes, limpieza integral y manejo de residuos, conservación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipo propio del inmueble, así como los aditamentos de seguridad. Guillermo Zepeda, investigador del Colegio de Jalisco, recordó que la construcción de los penales federales mediante el esquema APP se hizo con la intención de que la Federación se hiciera cargo de todos sus internos. De acuerdo con las últimas estadísticas penitenciarias, que son de abril pasado, en el todo el País había 36 mil 87 internos acusados por delitos federales, de ellos, sólo 18 mil 994, el 51.6 por ciento, estaban en cárceles federales. El Gobierno federal tiene un total de 18 centros carcelarios, incluyendo los siete administrados bajo el esquema APP. "Calderón, en el Plan Nacional de Desarrollo decía que el objetivo era que todos los internos, que eran 45 mil en aquel entonces, estuvieran en penales federales. "Ahora ha cambiado esta situación, poco más de la mitad están en penales federales y el resto en los otros centros, atendiendo a un derecho humano que es tratar de purgar su condena lo más cerca de su domicilio", apuntó. -- Reforma