El período postelectoral del 6 de junio transita sin exabruptos y en un plano de legalidad. Los inconformes con los resultados acudieron a la instancia jurisdiccional y los que ganaron se preparan para asumir sus cargos. Salvo incursiones declarativas de algunos actores políticos, el panorama es de normalidad. Cuando se dé respuesta a los recursos legales presentados, los inconformes podrán recurrir a las instancias federales. La atención hoy, está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Mientras resuelve, San Luis Potosí está en paz y goza de tranquilidad política. Eso es lo que está en la superficie, es lo que se percibe, pero en el bajo mundo de los partidos se están moviendo los hilos en aras de hacer presión a los magistrados electorales, así como para influir en la opinión pública. De la mano, va la presión mediática con la intención de hacer notar que las elecciones del 6 de junio no fueron limpias sino fraudulentas. La Coalición “Va por México”, anunció que solicitará la anulación y reposición de la elección de gobernador en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Campeche. En el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, el candidato derrotado, César Octavio Pedroza Gaitán, expuso las irregularidades que a su juicio son las más notables. En contraparte, el gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona se ocupa en lo que le toca, prepara el plan de los primeros cien días de gobierno y se reúne con personajes de influencia social y política. Por la mañana del pasado viernes, se reunió con el Arzobispo, Jesús Carlos Cabrero Romero y días antes, junto con el gobernador saliente, Juan Manuel Carreras López, dieron inicio al proceso de Entrega-Recepción de la administración pública. Gallardo Cardona diseña el gabinete legal y ampliado para lo cual no habrá mayores sorpresas: afines a “La Gallardía” serán los futuros servidores públicos. Los ganadores construyen el gobierno y los perdedores no mantienen la esperanza de que el ganador se caiga. Esto es natural, pero a la vez es significativo que no hay sobresalto alguno que siembre la semilla de la discordia y luego, de la violencia. Es lo que hay por ahora. El encuentro que sostenga el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador electo, para quien reviste gran relevancia política pues le daría legitimidad a su elección, está en veremos. La reunión se esperaba para la semana pasada y no ocurrió, lo cual implica que tal vez el presidente no ha considerado oportuno ese encuentro. Los derrotados estarán deseando que López Obrador no reciba a Gallardo, pero el presidente tiene la última palabra; no es un gobernador más, es un aliado de los que tanta falta le hacen para hacer frente a los adversarios. Mientras el período postelectoral se mantenga en un tono civilizado y de apego al estado de derecho, la entidad sale beneficiada.