Empecemos analizando ciertos datos; unos 110 niñas, niños y adolescentes, fueron asesinados en San Luis Potosí en el periodo del 2015 al 2019, según se reporta desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, SESNS, lo que nos coloca como la entidad número 17 del país con mayor ocurrencia de delitos, denunció el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera. En total en México se han registrado 4 mil 299 víctimas de homicidio doloso de niñas niños y adolescentes que representan cerca del 4 por ciento respecto al total de víctimas de este delito, ocho de cada diez de estos casos ocurrieron en menores de edad. Por lo anterior y en la gravedad en la que se sitúa el estado ante estos índices alarmantes de violencia, hay que mencionar o señalar, que la transición a la democracia generó cambios de distinta profundidad en las estructuras del Estado Potosino. En el caso de la seguridad, la defensa de los derechos humanos y la justicia en caso de feminicidios, hay notables inconsistencias que han fragmentado las gestiones del actual gobierno potosino, y han llevado a sus funcionarios a ser presas de contradicciones, e incluso hay que observar que elementos u operadores del mismo sistema actual, impiden la reforma de ciertas estructuras para fomentar más transparencia o evitar la corrupción en todos los niveles de gobierno. No es posible, por ejemplo, guardar en la gaveta de pendientes, la reforma eficaz y palpable de los sistemas de justicia, más allá de las reformas legales implementadas en esta gestión gubernamental. Tampoco se ha avanzado en la reforma de las estructuras de seguridad migratoria (ninguna fuerza política ha incluido este tema en su agenda) ni en la profesionalización de los servicios de inteligencia estatal (se afirma que no están adoctrinados y entrenados para combatir el crimen organizado). Asimismo, persiste la herencia de un pasado caciquil y semi-feudal de muchas estructuras de poder en el estado potosino, principalmente en las zonas rurales, pero también, por ejemplo, en los sindicatos. Finalmente, hay que mencionar la reforma de las estructuras policiales, ya que no podemos medir de manera clara la funcionabilidad de la academia estatal potosina y su forma de perfilar al personal, o a los elementos que serán contratados por el estado, y mucho menos podemos certificar que los controles de confianza aplicados sean 100 por ciento confiables y seguros para tener oficiales acreditados de manera correcta. Hoy coexisten en México más de 1.600 corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) bajo un sistema legal que genera atomización, falta de profesionalidad y corrupción. Todo esto, por supuesto, facilita su penetración por parte de las fuerzas del crimen organizado. En otras palabras, hay democracia, pero su calidad es precaria. Por último, es preciso comentar a manera de conclusión, que la gobernabilidad democrática en México y en el estado es débil y el crimen organizado tiene una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción. Este fenómeno se produce en el poder político –federal, estatal y local– y, en menor medida, en las Fuerzas Armadas. Las tres preguntas claves a resolver en los últimos 2 años de gestión que le quedan al actual gobernador potosino en esta etapa de transición son: 1.- ¿Cómo construir instituciones para garantizar el Estado de derecho?, 2.-¿Cómo fortalecer y profesionalizar a los organismos de seguridad? 3.-¿Cómo lograr una gobernabilidad sustentable para el futuro de todos los potosinos?