El pasado 30 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación (PJF), a través del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, emitió una sentencia a favor del Congreso del Estado, en torno al juicio promovido por el Grupo Técnico Operativo de la Consulta Indígena para que se les pague el adeudo por 700 mil pesos por concepto de la Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas en la entidad.  A través de la sentencia con número 326/2020-II, se establece la negativa de pago al Grupo Técnico Operativo de esta consulta indígena por parte del Congreso local. 

Se sobre sello en el juicio ante las supuestas inexistencias de las omisiones reclamadas por 20 consultores. Además, se determina que la falta de pago por parte del Congreso del Estado no es acto de autoridad.  El juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Dante Orlando Delgado Carrizales refiere en la sentencia que el “asunto no se plantea una vulneración propiamente al derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas, cuyo contenido supraindividual y de naturaleza objetiva persigue garantizar a una colectividad o grupo social 'pueblo indígena' mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe, la oportunidad de que manifiesten sus opiniones, dudas e inquietudes ante la autoridad pública, antes de que se adopte una medida administrativa o legislativa susceptible de afectar a dicho grupo vulnerable".  Insiste que el reclamo de los quejosos únicamente deriva de la falta del pago de sus remuneraciones, y que, como consecuencia de ello se han abstenido de llevar a cabo la consulta indígena correspondiente.