Estamos a 10 días de que los diputados aprueben el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año 2020. Desde la ideología partidista que emana cada mañana desde palacio nacional, hemos escuchado una gran apuesta por la reconstrucción de un sistema educativo incluyente como punta de lanza para el cambio tan anhelado por los ciudadanos.  Sin embargo, dejando a un lado estas ideologías, si analizamos la evidencia que nos presenta el Portal de Transparencia Presupuestaria podemos descubrir ciertos claroscuros que no reflejan la voluntad política necesaria para emprender una transformación seria y profunda en el Sistema Educativo Nacional (SEN) y así promover una educación incluyente para todos desde el nicho educativo. En este sentido, podemos mencionar cuatro puntos torales que nos brindan un panorama desalentador frente al gran desafío que esta por delante. 1. El gasto propuesto no apoya adecuadamente la presencia y preparación de niñas, niños y jóvenes, ni de sus maestras y maestros.

Además de que observamos un recorte de 5.7% para el desarrollo integral en la primera infancia, no se prevén recursos para establecer una instancia coordinadora dentro de la SEP encargada de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y garantizar el derecho de los más pequeños a una educación inicial incluyente. Por otro lado, se propone recortar uno de cada cinco pesos destinados a becas para apoyar que todos los niños y jóvenes lleguen y permanezcan en la escuela. Por último, la inversión propuesta para la formación inicial docente la más baja en las últimas dos décadas: Menos de un millón de pesos para cada escuela Normal existente en el país. 2. Los recursos necesarios para fortalecer las relaciones y procesos de aprendizaje en las escuelas son insuficientes.

¿Qué podríamos hacer con 159 pesos? Sin duda, muchas cosas, pero en lo que respecta a la formación continua de los docentes sencillamente nada. Resulta insuficiente para asegurar que cada profesor acceda a oportunidades de aprendizaje profesional que respondan a sus necesidades y que estén orientadas a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, así como para promover la inclusión. A esto le sumamos, que se propone reducir a casi la mitad los recursos designados para apoyar el diseño y la implementación curricular, lo cual limitaría la posibilidad de aterrizar en las aulas las transformaciones propuestas para la construcción de un sistema educativo nacional incluyente.

3. No existe la claridad para que los recursos designados a la infraestructura y los materiales educativos brinden las condiciones materiales adecuadas a todas las escuelas.

Aunque los recursos aumentan, la poca información sobre los principales programas de infraestructura y la confusión que provoca el marco normativo actual dificultan alcanzar con certeza el objetivo de lograr un desarrollo de infraestructura con enfoque incluyente en cada escuela. Si bien se propone invertir más en libros de texto en 2020, resultan insuficientes por ejemplo para que todas las niñas, niños y jóvenes en comunidades indígenas cuenten con libros en su lengua materna. 4. El presupuesto para programas de apoyo a la inclusión no asegurará que cada escuela cuente con el acompañamiento debido.

Se continúa con la disminución observada desde hace más de una década de los recursos para los pocos programas que atienden a las escuelas y las poblaciones más marginadas del país, lo que pone en entredicho el discurso de inclusión y equidad de la administración federal. Como observamos, estamos ante la enorme posibilidad de repetir los errores de antaño, las ideas plasmadas en papel superan la voluntad de quiénes deberían velar por hacer realidad el primer paso que ello implica, la de destinar los recursos suficientes para asegurar una implementación de los programas educativos con ajustes precisos y certeros en el tiempo. Pero aún hay tiempo para revertir la situación. Desde la Sociedad Civil, exigimos al poder legislativo que recupere por lo menos 57 mil mdp, emulando la cantidad de gasto que en 2019 y realizar las gestiones y acuerdos necesarios para orientar el presupuesto hacia la inclusión como lo marca la Constitución. A la Secretaría de Hacienda para que en el transcurso del año realice los ajustes correspondientes, como por ejemplo fijar reglas claras para el uso de recursos extraordinarios a través del programa U080 “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” evitando su despilfarro o desvío para otras obras. En terreno local debemos estar preparados para gastar más y mejor los recursos. Por ello, es necesario un diagnóstico puntual de las barreras para el aprendizaje y la participación de las niñas, niños y jóvenes en nuestro estado. Así estaremos seguros de que cada peso erogado va en función del combate a barreras específicas, articulando recursos y transparentando reglas de operación. Las niñas, niños y jóvenes necesitan certeza del presente para soñar en el futuro. Los adultos tenemos la responsabilidad de hacerlo posible. No los podemos decepcionar. Referencias:

§ Transparencia Presupuestaria. [Consultado en octubre 2019]

§  Mexicanos Primero (2019). Presupuesto federal 2020 para una educación incluyente Educación básica. [Consultado en octubre 2019]

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* Normalista. Consultor. Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel

Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018)

Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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