Ante la aprobación de las nuevas disposiciones en materia educativa por parte del gobierno federal es necesario (casi un acto de rebeldía) hacer notar las deficiencias en el armado de esta. Sin embargo, es poderoso encontrar también (y comentarlo) oportunidades que reflejen el avance en las ideas – al menos – de lo que esperamos vivir en el futuro.

Prueba de ello, es el término referente al de inclusión escolar. En esta nueva etapa de transformación educativa, hemos comentado en distintos espacios, además de las limitaciones que observa la legislación, la posibilidad de estar discutiendo el sueño de una escuela incluyente.

A través de una imagen construida históricamente gracias a campañas de solidaridad mediática, el concepto de inclusión educativa tiene un sesgo abismal que nos hace relacionarlo inmediatamente con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. O bien, algún rasgo que no “encajaba” en aquello que considerábamos como “normal” y podíamos (o debíamos) integrarlo a nuestra cotidianidad.

En este punto podemos mencionar no solo a personas con discapacidad, sino a personas indígenas o migrantes. Y si le adjuntamos el componente de género, las cosas se vuelven mucho más escandalosas. Como el caso de Citlali, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute al momento de redactar estas líneas.

Citlali es una niña mazahua con síndrome de Down que vive en el Estado de México. Ante la respuesta negativa de la escuela (la única a su alcance en la comunidad) de inscribirse a primaria, sus padres, acompañados por un grupo de activistas, han encontrado la fortaleza para exigir al estado mexicano el derecho de ingresar y contar con las condiciones necesarias, tanto humanas como materiales, para hacer efectivo su derecho a aprender.

El caso inició en 2017. Al año siguiente lograron – también en tribunales – el acceso de Citlali a la escuela primaria de su comunidad junto a un maestro sombra. Sin embargo, esto abrió la puerta para expresar que necesitamos que la comunidad escolar comprenda desde el enfoque de la diversidad. Es decir, que la escuela sea incluyente con todos. No solo con Citlali, sino que aprenda a reconocer a todos en la justa dimensión.

Para ello, necesitamos que los agentes de cambio, los maestros, accedan a formación inicial y continua pertinente, que la infraestructura se diseñe pensando en las necesidades de todos, que los materiales didácticos se puedan adaptar a los requerimientos de las y los niños... Necesitamos que la escuela se adapte a todos los niños, no al revés.

Es impresionante como una niña de 9 años nos puede mostrar un panorama desalentador frente a la escuela cuando eres mujer, indígena y con discapacidad. El sistema escolar es triplemente excluyente. Por ello, la relevancia de estar discutiendo sobre este tema en una coyuntura legislativa, porque en la reforma al artículo 3º de la Constitución, se reconoce la inclusión como principio y criterio de la educación, la cual tiene que responder a “las capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos”; y se obliga al Estado a tomar “medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación” para que todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) puedan estar, aprender y participar en la escuela.

Hoy, además de las reflexiones que emita la Segunda Sala de la SCJN, me parece un buen momento para cuestionarnos a nosotros mismos cómo podemos aportar desde la ciudadanía para sumar en la construcción de una escuela incluyente, donde todos tenemos cabemos, aprendemos y participamos con el reconocimiento al otro.

Hoy las etiquetas se derrumban gracias a Citlali y nos demuestran que es tiempo de iniciar una discusión pública para ampliar nuestra visión del término inclusión. Los subsistemas creados para dar atención especializada (que en términos fríos han segregado a la diversidad) a quienes no cumplen con estándares “normales” o se encuentran en condiciones de “vulnerabilidad” se han convertido en ángeles guardianes para muchas familias que observan con tristeza la violencia y el acoso que sufren muchos de sus hijos en las escuelas “regulares”.

La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente que, junto a la Estrategia de Inclusión Educativa que presente el gobierno federal en el siguiente mes, permitirá tener mayor claridad en la visión del Estado y sus alcances para que miles de niñas y niños como Citlali, pueden encontrar en la escuela una herramienta para derribar las barreras para el aprendizaje y la participación.

Citlali y más 30 millones de estudiantes en el país están reactivando su voz para exigir justicia. Escuchemos con atención lo que tienen que decir. Se los debemos.

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* Normalista. Consultor. Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel

Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018)

Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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