La Fiscalía General de la República anticipó que imputará a dos ex funcionarias menores de la Tesorería de la Sedatu como probables responsables de haber autorizado los 185 millones de pesos que, presumiblemente, fueron desviados a través de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero. La fiscal Mónica Martell Olguín informó que imputarán penalmente a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y Nory Carolina Pérez Tome, Jefa de Departamento de Bancos, ambas de la Sedatu. Así lo dio a conocer durante la audiencia en la que un juez federal del Reclusorio Norte decidió no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuestación de la dependencia, por ejercicio indebido del servicio público. Según la teoría del caso de la FGR, Pérez Tome y Montoya Santos autorizaron el pago a la universidad, luego de tener el aval de Báez. Además del propio Báez, el ex Oficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, y la ex titular de esa Secretaría, Rosario Robles, señalados de ser los artífices de estafas y saqueos, seguirán sin acusaciones legales. Montoya Santos ha estado implicada en la desaparición de los convenios originales que fueron utilizados para desviar más de 185 millones de pesos. Se trata del convenio general y del específico que suscribieron la dependencia y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, los cuales, según las investigaciones, fueron utilizados para transferir dinero a través de subcontrataciones a empresas "fantasmas". En noviembre, Héctor José de la O Chi, director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, declaró a la FGR que dichos documentos no estaban en los archivos, al igual que nueve oficios con los que se justificaron los pagos por 185 millones 839 mil 480 pesos por servicios que nunca se entregaron. -- Reforma