Mientras en los dos primeros años de administración del ex gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández, se aplicaron 82 sanciones, en el mismo periodo del actual gobernador se han aplicado 41, es decir 50 por ciento menos, esto según datos proporcionados vía transparencia por parte de la Contraloría General del Estado. Aunado a ello, entre 2014 y 2017 solo se ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de asociación delictuosa, cohecho, y ejercicio indebido de la función pública en el año de 2015, lo que habla de que muy pocos casos de corrupción llegan a instancias penales. De acuerdo a esta información, durante los dos primeros años de la administración de Fernando Toranzo Fernández, se aplicaron 82 sanciones a servidores públicos, de los cuales 52 recibieron una amonestación de carácter privado y/o apercibimiento público, es decir el 63.4 por ciento de los casos; se aplicó una multa por la cantidad de 100 mil pesos, 2 funcionarios fueron suspendidos, se destituyó a un funcionario, se inhabilitaron a dos servidores públicos, se aplicaron 21 suspensiones temporales, un apercibimiento y se dio una baja. En tanto, en el mismo periodo de la administración de Juan Manuel Carreras López se han aplicado 41 sanciones a servidores públicos, entre ellas 38 amonestaciones, es decir el 92.7 por ciento del total de sanciones; dos multas que van de los 4 mil 300 a los 21 mil 900 pesos y se aplicó una sanción de un periodo de seis meses a un año sin goce de sueldo. En ese sentido, el presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT) Jesús Motilla Martínez, señaló que con el nuevo Sistema Anticorrupción no se cambiará ningún esquema para seguir sancionando a servidores públicos, sino todo lo contrario, coadyuvará para prevenir irregularidades en la función pública. “Un Sistema Estatal Anticorrupción no va a resolver los problemas viene a colaborar con lo que ya está establecido, con las funciones de las autoridades y con el respeto de las leyes, los funcionarios públicos tiene atribuciones y las atribuciones llevan vinculados compromisos o responsabilidades, entonces si un funcionario público no se apega a esas responsabilidades, puede ser sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativo”.

Apuntó que se seguirán haciendo señalamientos a los funcionarios que comentan alguna falta y a través del esquema de sanciones establecidas es como se aplicarán los procedimientos, cuyas amonestaciones van desde amonestaciones públicas, privadas, sanciones temporales, inhabilitación temporal, destitución e incluso una baja definitiva del cargo según la gravedad de la falta, aunque también pudiera estarse cometiendo de un delito que se maneja vía la denuncia. Finalmente, de acuerdo a datos de la Contraloría del Estado, ninguna de las sanciones se ha turnado a la Auditoria Superior del Estado ni a la Secretaría de la Función Pública.