Cd. de México.- La minuta de la Ley General de Comunicación Social, bautizada como 'Ley Chayote', define de manera vaga los contenidos permitidos y no permitidos, y deja que continúe el gasto por encima de lo programado, advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD). El organismo de la Cámara alta considera, además, recomendable valorar la pertinencia de que la Secretaría de Gobernación sea la entidad administradora de la ley. En una Nota Estratégica sobre la minuta, el IBD advierte que la redacción de los artículos 4 y 8 de la Ley abre la posibilidad de difundir programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público. La fracción VII del artículo 8, ejemplifica, establece como regla "comunicar programas y actuaciones públicas", pero su nivel de generalidad no permite caracterizar con precisión los alcances. "Además, no delimita claramente el contenido de carácter promocional de programas sociales, lo cual contradice recomendaciones del Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"(La CIDH) subraya la necesidad de hacer explícito el alcance de la regulación para reducir los espacios de discrecionalidad en la interpretación de la normatividad", indica. Por otra parte, indica, es preocupante que el artículo 14 de la minuta considere que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos no es una campaña de comunicación social. "Esta provisión permite una evasión del modelo de comunicación política que restringe la comunicación personalizada de funcionarios públicos", apunta.

En tanto, señala el IBD, la definición de campañas de comunicación social no provee de elementos suficientes para que la autoridad reguladora pueda realizar una evaluación objetiva de las pautas comerciales de publicidad oficial. Y tampoco distingue entre los distintos tipos de medios de comunicación. De hecho, detalla, no hay regulaciones específicas para prensa, pautas en internet y radio. En materia de gasto, advierte, la Ley no define cómo operarán los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía y racionalidad presupuestaria, honradez, objetividad e imparcialidad. "Por un lado, se establece que la Segob emitirá lineamientos, permitiendo la discrecionalidad en la definición del gasto, que seguiría siendo determinado y operado por dependencias públicas", señala.

"Por otro, aunque se señala que el gasto debe apegarse al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la minuta no limita la capacidad de la SHCP para realizar adecuaciones presupuestarias". La minuta, considera el IBD, permite además que continúe la contratación concentrada en ciertos medios o que se retiren contratos a algunos otros. El Instituto cuestiona la capacidad e imparcialidad de la Segob como autoridad administradora de la Ley. "Como el ente público que más gasto ejerce en comunicación social, la Segob podría tener incentivos para aprobar informes y campañas de comunicación social de otras dependencias y entidades del Gobierno federal", advierte.

-- REFORMA