Hay cifras que no solo deberían prender focos rojos, sino encender auditorías completas. En San Luis Potosí, los municipios asignaron durante 2024 miles de contratos con una dependencia alarmante de la adjudicación directa y la invitación restringida, dejando a la licitación pública en un papel casi decorativo. Y cuando el dinero de todos empieza a repartirse sin competencia real, lo que se pone en riesgo no es solo la transparencia, también la calidad de los servicios, la eficiencia del gasto y la confianza pública.

Porque aquí el problema no es únicamente jurídico. No se trata solo de si un expediente estuvo bien integrado o si “faltó una firma”. El fondo es mucho más delicado para una administración municipal que decide comprar, contratar o construir sin abrir el proceso a competencia, también decide reducir la posibilidad de obtener mejores precios, mejores condiciones y mejores resultados. Dicho de otra forma: la opacidad sale cara, y la termina pagando la ciudadanía.

Lo más preocupante es que esta práctica ya dejó de ser excepcional para convertirse en rutina. Y cuando una excepción se vuelve costumbre, deja de ser una herramienta administrativa y empieza a parecer un modelo de operación. La adjudicación directa nació para casos urgentes, extraordinarios o técnicamente justificados. Pero en muchos municipios del país parece haberse transformado en la vía rápida para mover recursos sin demasiadas preguntas, sin demasiada competencia y, a veces, sin demasiado control.

Ahí está uno de los puntos más incómodos del debate, ya que el problema no siempre está en lo ilegal, sino en lo permisible pero que es mal usado. Porque muchas de estas asignaciones logran sostenerse bajo el argumento de la excepción legal, aunque en los hechos repitan patrones que ya deberían preocupar a cualquiera con mínimo sentido de vigilancia pública: contratos manipulados para no licitar, proveedores recurrentes, montos sospechosamente acomodados al límite permitido y compras que, en papel, cumplen; pero en la práctica, huelen a simulación.

Y eso tiene consecuencias muy concretas. Cuando un municipio paga más por una obra, por luminarias, por papelería, por renta de maquinaria o por cualquier servicio, ese dinero ya no regresa. Es dinero que pudo usarse para pavimentar una calle más, rehabilitar un drenaje, equipar una patrulla o atender una fuga que lleva meses sin solución. El sobrecosto no es una cifra abstracta en una tabla contable, se traduce en una banqueta que no se construyó, una colonia que siguió en abandono o una obra que se entregó mal y luego hubo que pagar dos veces.

Por eso resulta insuficiente —y hasta incómodo y grosero— que la respuesta institucional frente a este panorama sea solo hablar de “endurecer investigaciones” o “mejorar procesos de auditoría”. Eso suena bien en conferencia, pero queda corto frente a un problema estructural. Porque si el diagnóstico ya existe, si los patrones ya están detectados y si la observación se repite año con año, entonces el debate ya no debería estar únicamente en revisar después, sino en impedir antes. Y ahí es donde muchas autoridades siguen fallando.

Además, hay un ángulo que rara vez se discute con la seriedad suficiente, y es que la adjudicación directa también es una forma de concentración de poder. Quien decide sin competencia, concentra capacidad de premiar, seleccionar, excluir y repartir. Y cuando ese poder no está cercado por vigilancia efectiva, se convierte en terreno fértil para favoritismos, redes de conveniencia y relaciones políticas disfrazadas de eficiencia administrativa. El presupuesto municipal, entonces, deja de funcionar como herramienta de desarrollo y empieza a operar como caja de control.

En ese contexto, la ciudadanía queda en la peor posición al pagar impuestos pero recibir servicios de dudosa calidad y, al mismo tiempo, tiene pocas herramientas reales para seguirle la pista al dinero. Porque aunque existan plataformas de transparencia, muchas veces la información llega incompleta, desordenada, tardía o tan técnica que termina sirviendo más para esconder que para aclarar. Y cuando la ejecución y supervisión del recurso público se vuelve un laberinto, la rendición de cuentas se convierte en un acto de fe, y no en un ejercicio democrático.

Lo más delicado es que esto no solo afecta al presente de una administración, sino a la salud financiera de los propios municipios. Un gobierno local que contrata mal, gasta mal. Y un gobierno que gasta mal termina cerrando el año con menos margen operativo, más presión presupuestal y más dependencia de decisiones improvisadas. Es decir, la adjudicación directa abusiva no solo lastima la transparencia, también erosiona la capacidad institucional de gobernar con orden y sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.

Tal vez por eso la discusión ya no debería centrarse en si esta práctica “está permitida”, sino en cuánto daño está provocando su uso excesivo. Porque mientras la licitación pública siga siendo la excepción y no la regla, la administración municipal seguirá siendo una zona gris donde el dinero se mueve demasiado rápido y se explica demasiado poco. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es quién ganó el contrato, si no ¿por qué unos cuantos se tendrían que estar beneficiando del dinero que es de todos?