El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura difundida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM sobre la reforma judicial, en abierta contradicción a lo expresado por él y su sucesora, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que se convocará a todos los sectores para que puedan opinar en su definición. “Yo les diría: qué se tienen que meter”, dijo en su conferencia matutina de hoy. El mandatario agregó que “salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas”. Agregó que no tuvo que ver nada sobre su posición sobre la reforma porque son “predecibles”. Dijo que es en las instituciones de educación superior donde “debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla, todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos, pues ya lo sabemos cómo opinan”. El viernes, el IIJ publicó el libro “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, una compilación de diferentes análisis realizados por investigadores a las modificaciones a la Constitución propuestas por el presidente López Obrador. Las implicaciones de la reforma judicial van desde la elección popular de integrantes del Poder Judicial, un nuevo órgano de disciplina, reducir el número de ministros y los años de sus mandatos, así como prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo. El pasado 10 de junio, Sheinbaum señaló: “En el caso de la reforma al Poder Judicial, que no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que puede hacer la Comisión Permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente, los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca”, explicó. Los investigadores César Iván Astudillo y Javier Martín Reyes destacan en el capítulo 11 del libro publicado por la UNAM los aspectos negativos que conlleva la posible elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros, y califican de regresiva la propuesta que, de aprobarse, presenta un “daño mayúsculo”. La elección popular es el aspecto más controversial de la propuesta del López Obrador. La independencia judicial se vería comprometida en primer lugar dependiendo de su nominación, si fue propuesto por el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. “Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”, explica Martín Reyes.

Con información de Latinus