El consultor de Integralia, Juan Manuel Ureiro, consideró que el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 responde a razones logísticas, políticas y económicas, además de representar un reconocimiento implícito de las fallas que presentó la reforma judicial impulsada por el oficialismo. En entrevista para “Así las Cosas”, el especialista explicó que uno de los principales objetivos de postergar la elección es evitar que se empalme con el proceso electoral federal y estatal ordinario de 2027, en el que se renovarán gubernaturas, congresos locales, diputaciones federales y ayuntamientos. Según detalló, la coincidencia entre ambas elecciones podría “colapsar” a las instituciones encargadas de organizar los comicios, como el INE, los organismos electorales locales y los tribunales electorales. “Lo que se busca es evitar contaminar una elección política que tradicionalmente funciona con un proceso judicial que ya mostró ser complejo y caótico”, señaló. Ureiro recordó que durante la elección judicial de 2025 se evidenciaron dificultades para que la ciudadanía comprendiera el proceso y pudiera identificar a las candidaturas en las boletas, debido al elevado número de aspirantes y cargos en disputa. “En algunos casos había hasta 50 cargos en elección. Imaginar eso junto con una elección de gobernadores, diputados y alcaldes implicaría trasladar a los votantes entre distintas casillas y montar una operación electoral gigantesca”, afirmó. El analista advirtió que este escenario podría desincentivar la participación ciudadana y generar confusión entre el electorado. Desde la perspectiva de Integralia, el aplazamiento representa también un reconocimiento implícito de que la reforma judicial aprobada en 2024 y 2025 fue improvisada y quedó incompleta. “Las autoridades están aceptando que hubo reglas que se modificaron sobre la marcha y que todavía existen muchos elementos por corregir”, sostuvo. Sin embargo, Ureiro consideró que mover la elección a 2028 no resuelve el problema de fondo, ya que las futuras elecciones judiciales volverían a coincidir con procesos políticos en años posteriores como 2030, 2033 y 2036. “El problema sigue ahí. Solo se está posponiendo”, expresó. El consultor también alertó sobre el riesgo de “captura política” dentro del nuevo esquema judicial, debido a que la reforma contempla la integración de una comisión conformada por representantes de los poderes de la Unión para evaluar perfiles de aspirantes. A su juicio, esto permitiría al bloque oficialista influir en la selección de candidaturas judiciales. Asimismo, señaló que la reforma no modifica las condiciones de financiamiento de las campañas de quienes aspiren a cargos judiciales, lo que podría generar dependencia de “padrinazgos políticos” y afectar la independencia de jueces y magistrados. Ureiro indicó que la decisión de aplazar la elección también puede interpretarse como una señal dirigida a inversionistas y actores económicos internacionales, en un contexto de negociaciones comerciales y preocupación por la certidumbre jurídica en México. “Es un guiño para reducir la percepción de incertidumbre jurídica, aunque en realidad el problema estructural permanece”, afirmó. Finalmente, consideró que el cambio de fechas no fortalece la narrativa oficial de “urgencia democrática” con la que se justificó originalmente la reforma judicial, sino que evidencia la necesidad de realizar ajustes adicionales. “El elefante sigue en la sala. Esta reforma no resuelve de fondo la incertidumbre jurídica ni las preocupaciones sobre independencia judicial”, concluyó.