Con 75 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 36 en contra de PAN, PRI y MC, el Senado aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que redefine la política habitacional en México y permitirá al gobierno construir casas habitación usando los fondos de ahorro de los trabajadores.

El dictamen, ya turnado al Ejecutivo Federal, permitirá a instituciones públicas participar directamente en la construcción y renta de vivienda.

Con ello, el Infonavit y el Fovissste podrán construir, adquirir, rehabilitar y arrendar viviendas, además de urbanizar terrenos y crear unidades habitacionales.

La reforma reemplaza el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, en línea con estándares internacionales y la reforma constitucional de 2024.

Este nuevo concepto contempla elementos como accesibilidad, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad jurídica y ubicación estratégica.

El objetivo es garantizar condiciones integrales para el bienestar de las personas, más allá de la simple posesión de una vivienda.

La senadora Guadalupe Chavira, de Morena, defendió en tribuna la nueva Ley de Vivienda y rechazó que comprometa los recursos de las personas trabajadoras del Fovissste o del Infonavit, al aseverar que la subcuenta individual del trabajador está blindada y no se toca, ni desaparece el fondo de vivienda de más de 867 mil millones de pesos y tampoco se desequilibra el mercado inmobiliario.

“Con esta reforma el modelo se transforma, se democratiza porque el acceso a la vivienda será más justo para todos y se enfrentará el rezago. Los recursos del Infonavit y del Fovissste son para las y los trabajadores de ese régimen y para nadie más”, expresó.

Por el contrario, la senadora Gina Gerardina Campuzano, del PAN, cuestionó que el dinero para la construcción de viviendas no saldrá del Gobierno, sino del ahorro de millones de trabajadores que asciende a 2.4 billones de pesos; “este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran”, añadió.

Mely Romero Celis, del PRI, celebró que en la norma se hayan introducido los siete elementos para una vivienda digna propuestos por ONU-Hábitat, pero acusó que se entregarán “las llaves de los ahorros de los trabajadores”, para que ese dinero fluya hacia una constructora estatal opaca.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció la intención de la reforma de fortalecer el derecho a una vivienda digna en México; sin embargo, advirtió que la modificación al artículo 56 abre la posibilidad para que se usen los fondos de los trabajadores del Estado para construir inmuebles sin haberles consultado al respecto.

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Con información de Excélsior