El Gobierno de Argentina informó este jueves que se retirarán las pensiones que Cristina Fernández de Kirchner recibe por haber sido presidenta y por ser viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. El anuncio se realizó luego de que la Justicia argentina confirmara en segunda instancia su condena por corrupción. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión durante una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo. Las pensiones, una por jubilación y otra por viudedad, representan un costo de 21.8 millones de pesos argentinos (alrededor de 448 mil 460 pesos mexicanos al tipo de cambio actual). La ley 24.018 otorga estas asignaciones de manera "excepcional y extraordinaria" como contraprestación al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", explicó Adorni. Cristina Fernández "fue condenada por la Cámara de Casación Penal por ser autora del delito de administración fraudulenta, lo que representa lo contrario al honor, mérito y buen desempeño", justificó el portavoz al anunciar la decisión tomada por el gobierno. La decisión se tomó tras la ratificación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de una condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. El fallo determinó que Fernández incurrió en administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su gestión (2007-2015). La jubilación a un mandatario no debería existir en Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a los argentinos que vieron esfumar sus esperanzas a manos de la política", explicó Adorni. Adorni indicó que Cristina Fernández puede apelar el fallo ante la Corte Suprema y reconoció que es posible que recurra a la Justicia para revertir la decisión sobre sus pensiones especiales. Juicio a Kirchner

El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, ha captado la atención del país y de la comunidad internacional. La causa conocida como “Vialidad” se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su mandato presidencial (2007-2015). Este proceso judicial, que se enmarca en un contexto de tensiones políticas y polarización en Argentina, ha sido objeto de amplio debate, con acusaciones de corrupción y argumentos sobre presunta persecución judicial. El eje del juicio reside en las supuestas irregularidades en contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que, según la Fiscalía, habrían sido otorgados a favor del empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. Según los fiscales, estas adjudicaciones se realizaron a través de un esquema de corrupción que involucraba sobreprecios, incumplimiento de obras y mal manejo de fondos públicos. Se estima que el perjuicio económico para el Estado superaría los mil millones de dólares. La acusación sostiene que Fernández de Kirchner habría liderado una “asociación ilícita” destinada al direccionamiento de fondos públicos para beneficiar a Báez. La vicepresidenta, por su parte, ha negado rotundamente las imputaciones, calificándolas como un intento de “lawfare” (persecución política mediante procesos judiciales). Durante sus intervenciones, ha denunciado que se trata de una campaña destinada a perjudicarla políticamente. Uno de los momentos más significativos del juicio se produjo en 2022, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Esta solicitud generó un fuerte revuelo político y social en el país, desencadenando protestas y manifestaciones tanto a favor como en contra de Fernández de Kirchner. Con información de Excélsior