La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el jueves por unanimidad la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que reduce el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas, crearía oportunidades para la inversión extranjera y permitiría el reconocimiento del arbitraje internacional en las disputas de inversión.

La reforma de la ley —que entrará en vigor cuando sea promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y publicada en la Gaceta Oficial— se produjo casi cuatro semanas después de que las fuerzas militares de Estados Unidos capturaran al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en un operativo en Caracas.

El gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por asumir el control de las exportaciones de productos petroleros venezolanos para asegurar, según dice, que beneficien al pueblo venezolano; así como vigorizar la alicaída industria atrayendo inversión extranjera al país sudamericano.

Trump recientemente firmó una orden ejecutiva que tiene el objetivo de garantizar que los ingresos por la venta de petróleo venezolano permanezcan protegidos contra su uso en procedimientos judiciales de sus acreedores.

La ley busca impulsar el incremento en la producción de petróleo y flexibilizar el pago directo de regalías al gobierno de Venezuela. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación, se informó.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país.

Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley será “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano. Es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, aseveró.

El 15 de enero, la mandataria encargada utilizó su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera a una mayor inversión extranjera.

A pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo del mundo —estimada en unos 303 mil millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos— Venezuela enfrenta una crisis de larga data agravada por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, la principal fuente de sus ingresos en divisas.

Los críticos del gobierno atribuyen el colapso del sector a una mala gestión y a la corrupción en PDVSA bajo la administración de los gobiernos socialistas del presidente Hugo Chávez (1999-2013), predecesor y mentor político de Maduro.

Las finanzas de PDVSA también se han visto afectadas en los últimos años por el descenso del precio del petróleo, una millonaria deuda externa y las sanciones estadounidenses

En agosto de 2006 el gobierno de Chávez llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos y reemplazándolos por sociedades con la petrolera estatal PDVSA en las que ésta mantenía el control mayoritario en los proyectos.

Mientras firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez para crear una empresa junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

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Con información de Latinus