En un día triste para la democracia constitucional, la Suprema Corte de Justicia determinó que no podía declarar inconstitucional la llamada reforma judicial propuesta por el Ejecutivo y respaldada por el Legislativo y la mayoría de las legislaturas locales. En la víspera del 5 de noviembre, existía la expectativa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que tenía la competencia para juzgar si la reforma constitucional referida se ajustaba al espíritu y las llamadas cláusulas pétreas de la Constitución, pues ocho de los once Ministros se habían presentado como un bloque compacto en favor de que el Poder Judicial pudiese revisar la validez de la reforma a la propia Constitución. Sorprendentemente, uno de ellos, el Ministro Alberto Pérez Dayán, señaló que él no podía, en buena conciencia, apoyar el proyecto del ponente que sostenía que la SCJN puede determinar la constitucionalidad de la reforma formalmente válida. Luego vino un momento decisivo: a la luz del vacío derivado de la futura integración de la Corte con nueve togados (en lugar de los once actuales) los ministros decidirían si solo una mayoría de ocho, o de seis, como se plasma en la reforma, podrían hacer la declaratoria de invalidez parcial que proponía el proyecto de resolución presentado por el Ministro González Alcántara. Los Ministros votaron porque esa mayoría debería ser de ocho, en atención a la integración actual del Tribunal Constitucional. Con esto se clausuró la discusión de fondo sobre las capacidades para revisar la constitucionalidad de actos de los otros dos poderes, ante la insuficiencia de la mayoría de los togados. Debido al hecho de que el Ministro Pérez Dayán rompió filas con sus otros siete compañeros que habían cuestionado la reforma judicial, éste ha sido atacado en redes sociales. Esto parece injusto, sobre todo a la luz de revelaciones en la prensa de que él podría haber sido extorsionado por simpatizantes del gobierno actual. La verdad sea dicha, no sabemos si el Ministro actuó por temor ante amenazas en su contra o si lo hizo verdaderamente motivado por su interpretación del derecho constitucional. Lo que sí es un hecho notorio, es que Pérez Dayán había sostenido la incompetencia del máximo tribunal para revisar el fondo de las reformas constitucionales, en varios asuntos a lo largo de los años. De cualquier manera, el hecho bruto y claro es que la SCJN ya no podrá utilizar su poder de revisión para establecer la constitucionalidad de la reforma judicial al menos en la vía de las acciones de inconstitucionalidad. Algunas voces calificadas discuten si eso sería factible en los juicios de amparo que están en curso, dado que formalmente, el tribunal supremo no hizo una declaratoria de validez como lo pedía la Ministra Batres. Lo que es claro, es que, a la luz de lo resuelto, la propia SCJN se ha limitado a sí misma en su capacidad para utilizar uno de sus poderes constitucionales más relevantes. Como consecuencia de esta autolimitación, se le ha dado luz verde a una reforma judicial absurda, autoritaria y demagógica que dañará de forma gigantesca la eficiencia de nuestro sistema de impartición de justicia aniquilando de raíz la carrera judicial. Como resultado de esto, se le presentará a la sociedad mexicana la aparente posibilidad de elegir a ministros, magistrados y jueces, sin que los ciudadanos puedan realmente conocer sus aptitudes para ser parte de la Judicatura. La suerte parecería estar echada en contra de la división de poderes: al menos dos tercios de los candidatos a ministros, magistrados y jueces que participarán en la elección popular, serán nombrados por órganos de selección controlados por el oficialismo. Por este vicio de origen y la clara dominancia electoral que en la coyuntura tienen los partidos ligados al régimen, las futuras personas juzgadoras, en su abrumadora mayoría, serán leales hasta la incondicionalidad al régimen actual. El resultado es previsible: una gravísima involución democrática que llevará a la erosión de la división de poderes y a la extinción de la independencia del Poder Judicial. Con esta tendencia, es claro que México del futuro inmediato, tendrá un régimen con una tendencia autoritaria, donde una voz única tendrá en sus manos el destino del país. La ruta de recuperación de unos de los pilares de la democracia liberal, como lo es el sistema de pesos y contrapesos, será larga y compleja, pero habrá que recorrerla en los años por venir. POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER

FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S

@GDEHOYOSWALTHER