Los últimos días han circulado en la ciudad de Puerto Vallarta diversas invitaciones para que los ciudadanos se integren a una serie de manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en contra de que continúe en operaciones el llamado “Centro de Verificación Responsable” para el próximo viernes 21 de abril. Pese a que la gran mayoría de las invitaciones hablan de marchas pacíficas, llama la atención una que desde la primera frase se pide a los vallartenses “Únete al Bloqueo”. Esto se hace de forma anónima y no menciona el lugar en que podría ser dicha toma de alguna vialidad de la ciudad. Dicha amenaza debe de ser tomada muy en cuenta por las diversas autoridades, ya que otro bloqueo como le suscitado el pasado viernes 31 de marzo podría provocar un colapso económico para la ciudad, como los que recientemente se han dado en otras ciudades turísticas de México y el mundo por protestas que no han sido atendidas de manera correcta por las diversas autoridades. En ese sentido, cabe recordar lo que acaba de pasar a principios de enero en Cancún, cuando los conflictos entre taxistas y choferes de plataforma se vinieron enfrascando en luchas por controlar el negocio del transporte público, lo que al final generó una alerta de Estados Unidos para que sus ciudadanos arribaran a dicha ciudad. Otro conflicto a nivel internacional que se ha dado en los últimos días, la huelga que recientemente se suscitó en varias ciudades de Francia, la cual incluso a cancelar la vista del Rey Carlos III de Gran Bretaña al país galo. Bajo ese contexto es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantengan atentas ante cualquier intento de bloqueo, ya que una cosa es el derecho a la libre manifestación de las ideas y otra el vulnerar el derecho de terceros a transitar libremente. Caber recordar que los derechos a la libertad de expresión y de manifestación se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 5° constitucional y que la autoridad no podrá molestar a algún ciudadano de no ser por ordenanza judicial en su artículo 16, la realidad es que la autoridad sí puede intervenir en caso de algún delito infraganti, en este caso el Ataque a las Vías Generales de Comunicación, como lo establece claramente el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del Código Penal Federal.