En sesión de la Comisión de Asuntos Electorales se aprobó el dictamen de siete iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico electoral, garantizar mayor certeza en los procesos democráticos y adecuar diversas disposiciones en materia de participación política y acceso a la justicia electoral. Al hablar a favor del dictamen en lo general, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que el dictamen representa la implementación de una de las transformaciones institucionales más relevantes del sistema jurídico-electoral local en las últimas décadas, particularmente por la incorporación del modelo de elección popular de personas juzgadoras. Afirmó que, el proyecto desarrolla bases normativas suficientes para la implementación operativa del nuevo modelo constitucional; sin embargo, dada la complejidad técnica y los retos institucionales que implica, será indispensable que las autoridades electorales, jurisdiccionales y los poderes del Estado emitan oportunamente lineamientos, criterios interpretativos y disposiciones reglamentarias complementarias que otorguen certeza jurídica y viabilidad operativa al proceso electoral judicial. Por su parte, el congresista Jesús Hernández Hernández comentó que el proyecto no solamente modifica leyes, también representa un cambio profundo en la manera en que la sociedad se relaciona con el Poder Judicial, por lo que es importante que el nuevo modelo se construya con responsabilidad, con apertura y pensando siempre en las personas de la entidad. Precisó que, más allá de las normas y procedimientos, el verdadero reto será lograr que ese modelo fortalezca la confianza ciudadana en la justicia y garantice que todas las personas, sin distinción, puedan acceder a instituciones imparciales, sensibles y humanas. En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal agradeció la labor de las personas asesoras y a quienes colaboraron en la propuesta, y externó que votarán en lo general a favor el dictamen, con el ánimo de seguir construyendo leyes que favorezcan la participación ciudadana. El congresista Rodrigo González Zaragoza indicó que acompañarán de manera general la propuesta, ya que es un paso normativo relevante en la vida pública de Guanajuato que recopila gran parte de las inquietudes que se vienen dando. En su participación, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia comentó que la propuesta es resultado de una iniciativa formulada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política suscrita por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, lo que demuestra que en la entidad las reformas electorales se construyen mediante el diálogo y el consenso entendiendo que la materia electoral exige acuerdos amplios para fortalecer la democracia. En lo particular, la congresista Susana Bermúdez Cano se reservó lo relativo a la preocupación generalizada sobre la nueva figura de violencia política y propuso eliminar la figura de la violencia política y dejar intocado el andamiaje vigente de protección reforzada de los derechos políticos de las mujeres frente a formas específicas y diferenciadas de violencia, discriminación y exclusión que buscan limitar, anular o menoscabar su participación, representación y liderazgo en la vida pública de las mujeres. En el mismo sentido se pronunció el legislador David Martínez Mendizábal, al considerar que la figura obstaculizaba los derechos de las mujeres. Agregó que la definición general rompía la lógica especializada para la protección de las mujeres, que se trataba de una lucha histórica contra estructuras y romper el pacto patriarcal para no reproducir lo que ésta ha depositado en todos los ámbitos, además de que se volvía menos precisa. La reserva fue aprobada. En una segunda intervención, la legisladora Bermúdez Cano planteó suprimir la posibilidad de prorrogar por tres meses más el plazo otorgado para realizar la investigación preliminar previa a la admisión o desechamiento de la denuncia. Ello en razón de que el Procedimiento Especial constituye un mecanismo de defensa expedito ante conductas infractoras durante las campañas y jornada electoral, con excepción de la violencia política contra las mujeres en razón de género que puede ser en cualquier momento. De igual manera, planteó adicionar un artículo sexto transitorio a efecto de dar certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, toda vez que al incorporarse un plazo específico para el desahogo del procedimiento especial sancionador ante la autoridad administrativa electoral, se requiere prever la validez de la norma que regirá en los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, los cuales serán tramitados conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Esto es, para que no se dé un efecto retroactivo de la norma. Las reservas fueron aprobadas. También el congresista David Martínez Mendizábal se refirió a la temporalidad, al considerar que 6 meses eran excesivos, porque el procedimiento está diseñado para que opere con rapidez, y si la autoridad tarda demasiado, la respuesta puede llegar cuando el hecho se haya consumado. De igual manera, propuso una reserva para retirar del texto los equivalentes funcionales, el problema, dijo, es llevar el término como parte del proceso sancionador y se tiene que cuidar la precisión de los términos, porque en la ley se debe decir qué conducta está prohibida. Al respecto, la legisladora Susana Bermúdez Cano comentó que había criterios generales sobre los equivalentes funcionales como se comentó en la mesa de trabajo. La propuesta no fue aprobada. Martínez Mendizábal también propuso un cambio respecto a la doble candidatura, no ayuda a tener un modelo electoral claro y genera una doble vía para obtener un cargo público, además de que no existe un impedimento constitucional para eliminar esa figura; mientras que, el congresista Rodrigo González Zaragoza comentó que el dictamen está bien elaborado en torno a principios de progresividad y derechos adquiridos, y se tiene que avanzar en conceptos de participación democrática en los cabildos. La propuesta no fue aceptada. Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal presentó una reserva respecto a la asignación de recursos a los partidos políticos, a fin de reducir la mitad de los recursos que reciben. La reserva no fue avalada.

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