La Secretaría de Gobernación continúa elaborando la reforma a Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para presentarla a su discusión y eventual aprobación, durante este próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, aclaró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Pese a que se pretendía que la nueva iniciativa fuera presentada en abril pasado, previo a que se cumpliera en junio la primera década de la Ley que está vigente, se ha retrasado debido a la complejidad en los temas que se han integrado, a partir de los diálogos que se han llevado a cabo, desde enero, en al menos 8 entidades: Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Baja California, Morelos, Nayarit y Sonora. “Siguen las discusiones en todas las regiones del país, esperemos que la iniciativa ingrese y se discuta en el próximo periodo de sesiones. Queremos que deje de ser solamente un mecanismo reactivo, que sea preventivo, que se definan las facultades y competencias que le corresponden con la actualidad”, dijo. La reforma a esta Ley camina sobre los siguientes cinco ejes temáticos:

Obligaciones de autoridades de los tres órdenes de gobierno

Sistema Nacional de Protección de Personas

Modelo Nacional de Prevención

Registro Nacional de Agresiones

Protocolo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas

“Es muy importante delimitar los trabajos de las fiscalías porque es una tarea que deberían atender las fiscalías de los estados y la Fiscalía General que son las responsables de garantizar las medidas cautelares de protección a personas en riesgo, el mecanismo es de carácter extraordinario que esperamos que pronto deje de cumplir esa función para que tengamos la garantía del ejercicio tanto del periodística como del defensor de derechos humanos. “La iniciativa está en elaboración y esperamos que se apruebe en el próximo periodo de sesiones”, subrayó. De acuerdo con el registro de la propia Secretaría de Gobernación, durante estos seis meses de diálogos regionales los comentarios que han expresado defensores de derechos humanos y periodistas han ido en torno a la falta de confianza en autoridades locales que se han identificado como las principales agresoras tal es el caso de las fiscalías, autoridades estatales y municipales. Se deben atender las condiciones laborales de personas periodistas y garantizar que la operación de los Mecanismos Locales no quede a cargo de autoridades acusadas de agresión. Además, se pide que el Estado genere programas de becas para hijas e hijos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, clarificar la metodología que se utilizará para el Registro Nacional de Agresiones, así como generar una plataforma de denuncias anónimas que cuente con información pública. Adicionalmente, se demanda que la nueva ley contemple la elaboración de mapas de riesgo, atención psicosocial a las personas beneficiarias de los Mecanismos Nacional y Locales de Protección y dejar puntualmente establecido el protocolo para la protección cuando las agresiones provengan de autoridades. Al respecto, Enrique Irazoque Palazuelos, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dijo que la reforma busca llevar al Mecanismo a que pueda tener acciones más de territorio y menos de papel. “Señalar que es fundamental que establezcamos sanciones para el incumplimiento a las disposiciones de esta ley general que se está proyectado, generar un procedimiento de actuación dependiendo de la fuente de riesgo, especialmente cuando las agresiones vienen de las autoridades, garantizar que los grupos delincuenciales no se vean infiltrados con respecto a las medidas de protección que se brindan y hacer mucho énfasis en la transparencia en el uso de recursos públicos de los mecanismos y las diferentes áreas de protección de las entidades federativas”, aseveró.

MECANISMO SIN ACTUALIZARSE A la par de una ley que actualice la que está en vigencia desde hace una década, se encuentra el hecho de que la Secretaría de Gobernación no ha puesto al día las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde principios de este año. El asesinato del periodista Antonio de la Cruz, reportero del periódico Expreso en Tamaulipas, el pasado 29 de junio, subió la cifra de comunicadores víctimas mortales a 12 tan solo en este año (9 según SSPC) y de acuerdo con la organización Articulo 19 van 154 desde el año 2000. Según las cifras más recientes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, hasta el 4 de enero pasado se habían registrado 52 asesinatos contra periodistas de diciembre de 2018 a enero 2022 y 97 contra personas defensoras de derechos humanos. El 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que 64 por ciento de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se focaliza en: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, y Veracruz. La tasa de impunidad es superior al 90 por ciento en los casos. Entre 40 y 45 por ciento de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado. Al inicio de la actual administración el Mecanismo contaba con 758 personas; a la fecha hay mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres, 360 hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 mujeres, 472 hombres).

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Con información de Excélsior