El Gobierno Federal ha presumido en los últimos días como, supuestamente, el Paquete diseñado contra la Inflación y la Carestía ( PACIC ), no sólo ha tenido un buen desempeño, sino que ha evitado que México sufra las consecuencias de una abrupta subida de precios.

Panoramas diferentes los que se reportan y viven en el país, las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, son una presunción en la que aplaude sus medidas y, según el objetivo de esta estrategia, la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a la de hoy de no haberse implementado en el país.

Referencia Gráfica: https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n%20Mensual

Con un techo del 8.16% de inflación, la más alta en los últimos veinte años, el Gobierno Federal tiene el atrevimiento de presumir un indicador que cataloga como más bajo que en otros países, incluyendo Estados Unidos. Los últimos estudios realizados para la prospectiva económica en América Latina, anuncian un crecimiento del PIB anual promedio en la región del 1,8% en este año, con una tendencia a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014-2019 de solo 0,3% promedio anual. En relación a estos análisis, la inflación regional sigue la tendencia mundial, pasando del 6,6% en 2021 a 8,1% en 2022, lo que en líneas generales rompe la visisón federal sobre una mejoría o mayor competitividad en el país.

El exsecretario Arturo Herrera y el exgobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, deben ver como, el tiempo pone siempre las cosas en su justo lugar, sus puestos no han sido cubiertos con la capacidad propia del rango. Ante las decisiones económicas vividas en los últimos meses, la evaluación muestra como la pobreza ha aumentado de manera significativa, comparada con datos del 2018 en el que se reportaba un 29,8, este porcentaje sube hasta un 33,7% en 2022; la pobreza extrema se incrementa del 10,4% (2018)  hasta un fatídico 14,9% este año.

La implementación del paquete para el control inflacionario y la carestía nacional, fue diseñado para poder mantener o, en el mejor de los casos, incrementar el consumo en los hogares; el volumen de ventas con afectación al iva, así como el lento movimiento económico, ha provocado un mayor incremento en las tasas de interés del Banco de México y con ello un aumento en el costo de la deuda pública.

 Referencia Gráfica: https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&locale=es

Hoy la economía nacional vive entre discurso y evidencias, lo cierto es que el costo de las hipotecas, de las tarjetas de crédito y de la deuda privada, a pesar de este promovido y presumido Paquete, apuntan hacia parámetros que dificultan su consumo, pago y activación.

No quiero cerrar mi participación semanal sin mencionar la protección al salario mínimo y con ello, así se dicta desde Gobernación, el poder adquisitivo de los trabajadores del país. Bien por un incremento de 22% al salario mínimo en todo el país, socialmente se hace mención a las necesidades lógicas de sectores más desprotegidos… aunque esto ya fue diagnisticado por un recordado Agustín Carstens que declaró como “un incremento al salario mínimo repercutiría negativamente en las empresas en tres aspectos: el incremento de costos a los precios, despedir trabajadores y aumento de la informalidad respecto a contrato laboral”.

Profeta económico, hoy el país afronta retos en la empleabilidad tras una pandemia que deja poca oportunidad y mucha necesidad, obligando a una informalidad laboral que hace un daño enorme ante la falta de tributo, beneficio social y esquemas básicos para la mejora en la calidad de vida.

Entrar en temas como los costos de los energéticos, la supuesta aceleración en la apertura a importaciones, la balanza descopensada entre exportaciones y compras,  la imposible estabilización de canasta básica, y otros complicados temas, expone un programa que, con un costo de 574,624 millones de pesos, en el que se incluye gasto en seguridad alimentaria, subsidio a la electricidad doméstica, subsidios a la gasolina y el congelamiento de cuotas , resulta incapaz de dar razón a un discurso político caduco y fato de ética.

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Opinión Económica. © Javier Rueda