El “plan B”, del presidente de la República aprobado hace unos días dio luz verde a para recortar a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propuesta que quita atribuciones al árbitro electoral y suaviza las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos, señaló Marco Iván Vargas, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). Dijo que al compactar la estructura del INE y del Tribunal Electoral estarían desapareciendo las 300 juntas distritales que están en todo el país y estas oficinas son las que hacen funcional al INE, “le quitarán capacidades operativas, pero no les quitarán facultades, entonces van a tener que cumplir con las mismas obligaciones, sin más presupuesto y sin toda esa estructura que el día de hoy es pertinente y es necesaria”, aseveró. También señaló que no se podrán retirar candidaturas ante faltas graves y también limita las facultades de castigar actos anticipados de campaña por parte de quienes ocupen cargos públicos, al modificar lo que se considera propaganda política. Los consejeros electorales tendrían, tal como se planteó la iniciativa, menor facultad para interpretar la ley en cuanto a procesos sancionadores. Vargas Cuéllar señaló además que los oples se verán mayormente comprometidos para la organización integral de las elecciones, por tanto “los procedimientos se verán más ajustados e incluso imperfectos por la carga de trabajo que es enorme y cuando se empiecen a ver las imperfecciones en ese proceso, los partidos políticos se inconformarán, las candidaturas también lo harán y (…) eso va a empezar a generar un descontento social”.