La aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, ya ha tenido efectos inmediatos en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tendrá que trabajar en coordinación con el instituto para hacer las adecuaciones orgánicas a su reglamentación interna y organigrama, señaló el consejero Marco Iván Vargas Cuéllar, integrante del Ceepac. Dijo que se revisarán los impactos sobre la organización de las elecciones de este año en Coahuila y Estado de México, pues con la desaparición de algunas oficinas distritales gran parte de la organización del proceso electoral se verá impactado, “en tiempo récord se tendrán que organizar elecciones, es decir, para la mitad de año el INE ya habrá realizado todos sus ajustes y de ahí nosotros hacemos lo propio”. Da preocupación esta situación pues se corre el peligro de que no esté suficientemente consolidada la nueva reglamentación para la organización de la elección del siguiente año y ese “es un verdadero problema”, aseveró. Para el caso de San Luis Potosí también tendrá elecciones locales, se elegirán diputaciones federales, la renovación de los 58 ayuntamientos y de las 15 diputaciones, “de ese tamaño es el asunto de la coordinación, y el proceso electoral por ley, ya comienza este año y por supuesto no lo vamos a hacer con estructuras que no conozcamos”, abundó Vargas Cuéllar. Añadió que los tribunales electorales se verán presionados de igual manera, pues están en una situación más o menos similar, con la limitación de recursos y el crecimiento paulatino sostenido de la judicialización de los procesos electorales. Dijo que lo que busca el gobierno federal con esta reforma es "austeridad y simplicidad en el funcionamiento institucional de nuestra democracia”, sin embrago, se debe analizar el riesgo del modelo de organización de elección que lo único que está haciendo es debilitarlo. Finalmente comentó que se va a comenzar a organizar una elección, sin saber cuál será la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, si es constitucional o no los cambios propuestos en el Plan B.