Más de 170 reclusos condenados por robo armado en la República Democrática del Congo (RDC) serán trasladados a una prisión de máxima seguridad, donde cerca de cien serán ejecutados, informó el ministro de Justicia congoleño, Constant Mutamba.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Comunicación y Medios y portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, que recogen este martes medios locales, Mutamba se mostró firme frente a las críticas de las ONG defensoras de derechos humanos por la decisión del país de ejecutar a los jóvenes reclusos, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 35 años.

Los reclusos, condenados por robo armado y conocidos localmente como "kulunas"o "bandidos urbanos", serán ejecutados después de su traslado a la prisión de alta seguridad Angenga, ubicada en la provincia de Équateur, en el noroeste del país, según indican medios locales.

Asimismo, Mutamba abogó por que la RDC responda a sus propias necesidades de seguridad sin imitar el modelo occidental.

“No debemos sentirnos acomplejados por lo que sucede en Occidente. No levantaremos ni suprimimos la pena de muerte para complacer a las ONG defensoras de los derechos humanos. No permitiremos que se impongan normas extranjeras sin tener en cuenta nuestras realidades”, aseguró.

“La eliminación de la moratoria sobre la pena de muerte no constituye en ningún caso un retroceso en materia de derechos humanos en el país. No hay retroceso. ¿Retroceso frente a quién y frente a qué?”, planteó el ministro de Justicia.

No obstante, el coordinador de la ONG Acceso a la Justicia (ACAJ) Georges Kapiemba explicó por teléfono a EFE que todavía hay procedimientos que seguir antes de que los condenados a la pena capital sean ejecutados.

“No hay que pensar que, tan pronto como lleguen a Angenga serán ejecutados. Todavía hay procedimientos que seguir y eso tomará tiempo. Aún ahí, la justicia evaluará si el acusado es elegible para la pena de muerte. No es automático”, insistió Kapiemba.

El gobierno de la RDC aprobó el pasado marzo restablecer la pena de muerte después de una moratoria que comenzó en 2003.

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Desde 2003, la pena de muerte no se había aplicado en el país, pese a que es un castigo que en ocasiones imponen los jueces, pero se venía conmutando sistemáticamente por la cadena perpetua.

Con información de Latinus