La participación de agentes de la CIA en un operativo encabezado por el gobierno de Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas se convirtió en uno de los choques de mayor tensión política en lo que va del año: un conflicto donde se cruzan la soberanía, el federalismo y la seguridad fronteriza.

Varios factores alimentaron el cóctel, pero el ingrediente electoral —que ya se respira rumbo a 2027— lo volvió más explosivo.

Y lo peor es que nadie ha explicado con claridad qué ocurrió y en qué contexto derivó en la muerte de dos agentes estadounidenses y en la del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera.

En medio de todo ese ruido renunció el fiscal César Jáuregui, y la gobernadora Maru Campos declinó comparecer en el Senado.

La presidenta Sheinbaum no se quedó de brazos cruzados: exoneró al gobierno de EU de responsabilidad directa, pero reprochó a la administración panista no haber informado, como marca la ley.

Y la Fiscalía General —a cargo de Ernestina Godoy— abrió una investigación para deslindar responsabilidades.

Pero Maru intenta deslindarse. Defiende la autonomía del estado, movimiento que en la Presidencia se leyó como táctica para ganar tiempo.

Por eso, el Senado entró en acción, con mayoría de Morena y figuras como Laura Itzel Castillo e Ignacio Mier, activó su músculo de control político: citó a la gobernadora y al (ya ex) fiscal para explicar la incursión extranjera. Y al desatender la convocatoria, se abrió la puerta a escenarios más duros: se habla de juicio político e incluso de acciones penales.

Lo que deja ver este choque es que no se trata sólo de un pleito legal: es el reflejo de una división de fondo entre el modelo de seguridad centralizado que impulsa Palacio Nacional y la forma en que algunos estados fronterizos de oposición quieren manejar, por su cuenta, la cooperación internacional.

En esa disputa, cada quien defiende su territorio: Palacio la soberanía, Chihuahua la narrativa de seguridad y el Senado la tribuna.

Ahora, si el Estado, como ente máximo del federalismo, no fija reglas claras —y una sola línea de mando— para la cooperación con EU, el país seguirá pagando el precio de la improvisación: crisis políticas, opacidad operativa y una frontera donde la seguridad se vuelve pretexto para disputas de poder.

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COBRA FUERZA el nombre del diputado local Paulo Emilio García como próximo dirigente de Morena en la CDMX, en sustitución de Héctor Díaz-Polanco.

La mala relación con los aliados del PT y del PVEM, así como la ausencia de operación política, debilitaron al partido guinda en la capital del país al grado de que existe el riesgo de que pierda algunas alcaldías, como Azcapotzalco y Xochimilco, en las elecciones de 2027.

Eso hace necesario y urgente un golpe de timón. Al menos es lo que han planteado a sus cercanos la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Sheinbaum, quienes harán todo para no perder ninguna plaza en la ciudad, empezando por una purga en el partido, como se ha hecho a nivel nacional.

Con esto, le estarían diciendo “adiós” a la pésima gestión de Díaz-Polanco y le darían la bienvenida a un grupo que encabezan Alfonso Ramírez Cuéllar y Sebastián Ramírez.

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ATÍPICA, PERO NO ILEGAL, así es como ve el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la eventual candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora.

Y aunque le ha hecho creer a sus compañeros de Morena que no están metiendo las manos para que su “hijo político” lo releve en el cargo, las señales son otras. El propio Colosio ha dejado abierta la posibilidad de contender por la gubernatura del estado que vio nacer a su padre, Luis Donaldo Colosio, todo contra la voluntad de Palacio Nacional.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El problema es que aquí el ‘derecho ajeno’ se cruzó la frontera… y nadie avisó”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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