Luego de concluir la cuarta y última mesa del Parlamento Abierto para la construcción de una nueva Ley de Aguas en Querétaro, integrantes de colectivos ciudadanos defendieron el carácter social y participativo de la iniciativa, al tiempo que rechazaron que el proceso sea utilizado como bandera partidista. Durante una entrevista radiofónica, MariCarmen Jiménez, integrante de Ecológicas Urbanas, y Francisco Landa, de Awita Vida y Territorio, señalaron que el ejercicio reunió a comunidades, académicos, ambientalistas y especialistas para discutir propuestas relacionadas con el derecho humano al agua, la gestión hídrica y la transparencia institucional. Los activistas destacaron que el Parlamento Abierto registró una amplia participación ciudadana y que las mesas sirvieron no solo como espacios técnicos, sino también como escenarios para que comunidades expresaran denuncias y preocupaciones relacionadas con el acceso al agua y la contaminación de cuerpos hídricos. En el contexto de la creciente presión hídrica que enfrenta Querétaro —producto del acelerado crecimiento urbano, el estrés sobre acuíferos y los conflictos por concesiones de agua— los colectivos insistieron en que la nueva legislación debe construirse desde una visión social y ambiental, y no únicamente administrativa. Francisco Landa explicó que la iniciativa fue elaborada por 14 colectivos ciudadanos con el acompañamiento del diputado local Eric Silva, aunque aclaró que el legislador únicamente facilitó la vía institucional para abrir el proceso legislativo. “Es una ley que se confecciona entre un diputado y 14 colectivos ciudadanos”, afirmó, al señalar que el modelo de Parlamento Abierto representa un mecanismo inédito de participación social en Querétaro. Los representantes ciudadanos también respondieron a señalamientos realizados previamente por integrantes del Consejo Consultivo del Agua, quienes habían atribuido la iniciativa únicamente al legislador morenista. Los activistas consideraron que dicha narrativa invisibiliza el trabajo de organizaciones sociales y desacredita la participación ciudadana. MariCarmen Jiménez subrayó que el Parlamento Abierto no representa una concesión política, sino una obligación constitucional y un mecanismo respaldado por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado y ratificado por México que promueve la participación pública en asuntos ambientales. Asimismo, aseguró que se invitó a representantes de distintos partidos políticos, organismos y autoridades estatales, aunque varios actores decidieron no asistir. Uno de los temas centrales de la discusión fue el uso de agua tratada para consumo humano. Los colectivos aclararon que la propuesta de ley no prohíbe el reúso del agua en actividades industriales, agrícolas o ambientales, sino únicamente para consumo humano directo, debido a los riesgos sanitarios y a la falta de infraestructura tecnológica adecuada. En este punto, recordaron antecedentes de contaminación hídrica en comunidades queretanas, como el caso documentado en Pinal de Moles, donde habitantes resultaron afectados por agua contaminada con arsénico y mercurio, mientras proyectos de abastecimiento quedaron inconclusos pese a inversiones millonarias. Ante ello, los colectivos plantearon la creación de un Sistema Estatal de Información Hídrica y una red independiente de laboratorios que permita monitorear la calidad del agua y transparentar datos que actualmente, señalaron, permanecen bajo control exclusivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Los participantes coincidieron en que la discusión debe mantenerse abierta y libre de polarización política, al advertir que Querétaro no puede continuar postergando una legislación integral en materia hídrica. Finalmente, anunciaron que el próximo 5 de junio se presentarán los resultados finales del Parlamento Abierto, evento al que acudirán especialistas nacionales e internacionales en temas de agua y derechos ambientales.