A pesar de que los compromisos asumidos por el Gobierno del Estado de Jalisco no garantizan el regreso de sus seres queridos, para los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas “cada pequeño avance es ganancia”. Así lo expresó en entrevista para “Así las Cosas”, Héctor Flores, líder del colectivo Luz de Esperanza, tras una reunión sostenida la semana pasada con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. “Los avances no van a incidir directamente en encontrar a quienes nos hacen falta, pero en un estado completamente rebasado por la violencia, cualquier paso adelante cuenta”, señaló. Durante el encuentro con el gobernador Pablo Lemus, uno de los acuerdos fue la entrega de botones de pánico a familiares de desaparecidos. No obstante, el líder del colectivo lamentó que aún no se han entregado todos los dispositivos solicitados, especialmente en municipios como Tonalá y Tlajomulco, y denunció la ineficiencia de las corporaciones policiacas para atender las emergencias. A pesar de algunos avances, como la reciente promesa de instalar una casa de asistencia temporal para familiares que vienen del interior del estado o la entrega parcial de botones de pánico, los problemas estructurales persisten. “Los botones de pánico no funcionan si los policías tardan más de 30 minutos en llegar. De poco sirve tener un dispositivo si la respuesta es tan lenta”, lamentó. Otro de los puntos centrales de la reunión fue la petición de reorientar recursos públicos para contratar personal en la Comisión de Búsqueda y en la Comisión de Atención a Víctimas, sin esperar al presupuesto del próximo año. Según Flores, actualmente hay solo 9 asesores jurídicos para atender casos de desaparición. Asimismo, el colectivo urgió al gobernador a impulsar dos iniciativas legislativas clave, hoy detenidas en el Congreso local: una para reconocer a las familias buscadoras como grupo prioritario vulnerable y otra para crear una fiscalía especializada en desapariciones, tal como marca la ley general. Aunque el Ejecutivo mostró voluntad, Flores acusó que existen “intereses políticos” que han frenado ambas propuestas. Recordó que los apoyos que brinda la Comisión de Víctimas son casi nulos o simbólicos, insuficientes para cubrir traslados, alimentos y mucho menos para compensar la pérdida de empleos derivada de la búsqueda constante. “Muchas familias deben elegir entre ir a trabajar o acudir a la fiscalía. Es una cruz que cargamos todos los días”, señaló. En cuanto al impacto económico y emocional que implica la búsqueda, Flores recordó que muchas personas deben decidir entre conservar su trabajo o asistir a la fiscalía. “Es una cruz que cargamos todos los días. El Estado debería garantizar una atención digna, pero los apoyos de la Comisión de Víctimas son simbólicos, casi ridículos”, afirmó. Héctor Flores cumple ya cuatro años en la búsqueda de su hijo desaparecido, pero conoce casos que llevan más de una década sin respuesta. “Tenemos familias que llevan 13, 15 años buscando. Y el panorama, tristemente, no ha cambiado”.