Por unanimidad, con el voto de los 37 diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó el dictamen a favor de la reforma que permitirá al Congreso legislar sobre la extorsión, como un paso previo para establecer penas homologadas a nivel nacional.

Las bancadas de oposición respaldaron la propuesta presidencial, reconociendo la necesidad de otorgarle al Estado mexicano herramientas que le permitan enfrentar esta práctica impulsada por organizaciones del crimen organizado.

El jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, pidió “abrir un espacio para ir trabajando esta ley secundaria que se anuncia, para que contenga las opiniones de los gobiernos de los estados; sería concurrente la función de los señores fiscales, de las entidades, de expertos, de las barras de abogados, y de todos nosotros y que analicemos este fenómeno delictivo, en todas sus vertientes, desde aquella que consideramos como el cobro de piso, en términos coloquiales, hasta la que se realiza de manera remota e incluso sin amenaza real hacia la víctima”.

El coordinador de los diputados del PAN, José Elías Lixa, adelantó que impulsarán artículos transitorios que garanticen un futuro marco jurídico que fortalezca a los estados que ya cuentan con medidas para castigar el también llamado cobro de derecho de piso.

DISPARIDAD EN LAS PENAS

Se reconoce en el dictamen que falta en el país una homologación de las penas, pues actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima

“Se puede afirmar que no existe una política criminal unificada sobre la gravedad y la justa punibilidad del delito de extorsión a nivel nacional, a pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y gravedad en el país”, se expone en el documento.

De acuerdo con lo que adelantó la Consejería Jurídica de la Presidencia, una vez que el Congreso pueda legislar en la materia, se buscará poner al día el Código Federal Penal para elevar las penas contra la extorsión, siguiendo este delito por oficio, y se formulará una estrategia nacional que permita la denuncia anónima y la intervención en penales.

AGREGAN UNA PALABRA

El cambio consiste en la incorporación de este delito al artículo 73 en el inciso a del numeral XXI para especificar que el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir y modificar “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”.

En el proyecto de decreto se indica que el Congreso deberá expedir la ley general en materia de extorsión, en un plazo no mayor a 180 días después de que sea vigente la reforma constitucional.

Con información de Excélsior