La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, con el fin de generar congruencia entre ambas leyes en relación a las atribuciones de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

La legisladora señala en su exposición de motivos, que es necesario que se incorpore como atribución de la Comisión de Vigilancia, la de solicitar a la Auditoría Superior del Estado, la práctica de auditorías e investigaciones a obras, programas y acciones de los entes auditables, en virtud de la existencia de denuncias ciudadanas, para los efectos y concordancia de lo establecido por el artículo 97 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

También, se propone establecer como parte de las atribuciones de la Comisión de Vigilancia invitar, además de a la sociedad civil organizada, a quienes integren el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a que participen como observadores o testigos sociales en las reuniones ordinarias de la Comisión; así como, en la realización de ejercicios de contraloría social en los que se articule a la población con las entidades fiscalizadas.

La propuesta también establece la incorporación de lenguaje incluyente, con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación.

La diputada Aradillas Aradillas presentó también una iniciativa que propone derogar del artículo 71 la fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de eliminar el requisito de edad para acceder al cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado.

Esto con el fin de estar en concordancia con La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto regular el derecho de las personas a no ser discriminadas en razón de cualquier circunstancia que atente contra su dignidad, de tal forma que se busca evitar anular o menoscabar los derechos y libertades.

Ambas iniciativas se turnaron a la Comisión de Vigilancia para su análisis.