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Solamente ocho congresistas se inscribieron para cuestionar las cuentas de la fiscal Manuela García Cázares
11:41 martes 26 noviembre, 2024
San Luis
Este martes 26 de noviembre la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares llevó a cabo su comparecencia por el informe anual de actividades frente a los legisladores de San Luis Potosí, a quienes dio a conocer que se cuenta con 52 mil carpetas de investigación abiertas en 2024. Durante la sesión del Pleno, García Cázares mencionó en su rendición de cuentas que la FGE ha conseguido 330 años de condena a los delincuentes, y como acción de reparación de daños a las víctimas, se han recuperado 170 millones de pesos durante este año. Añadiendo que la institución cuenta actualmente con más de 100 personas en capacitación para convertirse en elementos de la Policía de Investigación (PDI) y Peritaje, reforzando de cara al 2025 los Ministerios Públicos del Estado. Posterior al discurso de la fiscal, de las 27 diputadas y diputados pertenecientes al Congreso de San Luis Potosí, solamente ocho congresistas se inscribieron para cuestionar las cuentas de la FGE. Entre los hechos más "mediáticos" y recientes en la entidad potosina cuestionados por los congresistas fueron el 'caso Rich', donde dos jóvenes perdieron la vida y ocho resultado heridos; el 'caso Huehuetlán' donde elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron corridos por el alcalde del municipio. En ambos temas actualizó la información.
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Por otra parte, los tópicos de justicia cuestionados por los legisladores fueron los siguientes: Violencia contra los Pueblos Indígenas, Afroamericanos y las Mujeres; Delincuencia Organizada, Atención a Víctimas, Transparencia, Investigación Forense, Fraudes Vehiculares y las nuevas estrategias de justicia al interior de la Fiscalía. Después de responder las dudas legislativas, la fiscal María García Cázares aseveró que la Fiscalía General de San Luis Potosí está en vías de solidificar más la justicia en las cuatro regiones del estado, sobre todo, reducir los casos de impunidad relacionados a delitos del fuero común, homicidios y feminicidios.