La crisis de confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) puede convertirse en un problema para las elecciones de 2027 si las dudas sobre la imparcialidad del organismo terminan por extenderse a la legitimidad de los resultados, advirtió Carlos Maldonado Alvarado, académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

El riesgo, planteó el especialista del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, no se limita a la credibilidad de quienes dirigen el Instituto. También alcanza la percepción ciudadana sobre la capacidad de la autoridad para organizar los comicios, garantizar condiciones de competencia y certificar los resultados con independencia de los intereses partidistas.

En este escenario, la designación de quien encabece la presidencia del INE y la preservación de sus contrapesos internos serán determinantes para evitar que el cuestionamiento a sus autoridades se convierta en una duda generalizada sobre la organización electoral.

Maldonado Alvarado sostuvo que la transparencia no puede limitarse a responder cuando estalla una controversia: requiere investigaciones oportunas, rendición de cuentas y sanciones cuando se acrediten irregularidades.

La confianza institucional, señaló, exige que los señalamientos se investiguen por las vías correspondientes, sin anticipar culpabilidades ni utilizar las controversias como justificación para debilitar la independencia del organismo.

UNA PRESIDENCIA BAJO PRESIÓN POLÍTICA

La renovación de la presidencia del INE representa uno de los principales desafíos institucionales. El procedimiento involucra a la Cámara de Diputados y a un Comité Técnico de Evaluación, que debe examinar los perfiles conforme a los requisitos establecidos.

Para el académico, el problema no radica necesariamente en las reglas del proceso, sino en el riesgo de que las mayorías legislativas privilegien afinidades políticas por encima de la experiencia, la independencia y la capacidad técnica de las personas aspirantes.

Por ello, consideró necesario que la integración de los órganos evaluadores, los criterios de selección y las decisiones del procedimiento sean transparentes y puedan justificarse.

La legitimidad de quien asuma la presidencia, explicó, dependerá tanto del cumplimiento de las reglas como de la confianza que genere su designación.

El desafío también pasa por evitar que la conducción del Instituto se confunda con la concentración de sus decisiones en una sola persona. Maldonado Alvarado destacó que el Consejo General debe preservar la deliberación colegiada, la participación de sus integrantes y los mecanismos de supervisión interna.

En una institución encargada de organizar elecciones competitivas, sostuvo, la imparcialidad debe demostrarse mediante decisiones sustentadas en criterios verificables y procedimientos abiertos al escrutinio público.

2027: EL RETO NO ES SÓLO CONTAR LOS VOTOS

La confianza en el INE también se pondrá a prueba en su capacidad para cumplir con la compleja operación que exige una elección federal.

La preparación de casillas, el reclutamiento y la capacitación de funcionarios, la adquisición de materiales y la producción de documentación electoral requieren planeación, personal y recursos suficientes. Son tareas que comienzan mucho antes de la jornada de votación y que necesitan continuidad institucional.

Maldonado Alvarado reconoció la experiencia técnica del Instituto para enfrentar estas responsabilidades, pero advirtió que el cuestionamiento generalizado de sus capacidades puede aumentar la incertidumbre sobre la organización de los comicios.

En este contexto, la fiscalización del gasto público debe permitir detectar y corregir irregularidades sin paralizar las funciones sustantivas del organismo. El combate a la corrupción y la continuidad de la operación electoral, planteó, no son objetivos incompatibles.

UN ÁRBITRO CUESTIONADO, RESULTADOS EN DISPUTA

El deterioro de la confianza en el INE puede afectar incluso a los partidos que resulten vencedores en las urnas.

De acuerdo con el académico, cuando la autoridad electoral pierde credibilidad, sus decisiones pueden ser cuestionadas incluso si se apegan a la legalidad. El problema es que las controversias dejan de concentrarse en las pruebas y los procedimientos y pueden convertirse en disputas permanentes sobre la legitimidad de los resultados.

Una autoridad reconocida como imparcial, en cambio, ofrece condiciones para que las fuerzas políticas procesen sus inconformidades por las vías institucionales y para que los triunfos electorales cuenten con un respaldo público más sólido.

La existencia de una fuerza política predominante no elimina la necesidad de un árbitro independiente. Por el contrario, la competencia requiere reglas confiables para todas las opciones políticas.

Para Maldonado Alvarado, recuperar la confianza ciudadana exige esclarecer los señalamientos, determinar responsabilidades cuando existan elementos para hacerlo, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que las decisiones institucionales se adopten sin subordinación partidista.

La legitimidad de las elecciones de 2027, advirtió, no dependerá únicamente de que los votos se cuenten correctamente, sino también de que la ciudadanía tenga razones para confiar en la autoridad responsable de organizarlas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Con información de Excélsior