Con cifras de 22 intentos de suicidio en la primera mitad del año junto con un posicionamiento en cuarto lugar como el estado con más casos, San Luis Potosí se encuentra en una necesidad urgente de políticas que protejan la salud mental de la ciudadanía y aseguren el resguardo de la vida de las y los potosinos. A finales de 2022, la diputada Gabriela Larraga presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios, con el fin de garantizar que cualquier persona independientemente de su edad, género, condición social, religión, orientación sexual o condición de salud tuviera acceso a servicios de salud mental con enfoque de género y respeto a los derechos humanos. Esta propuesta fue aprobada en noviembre de 2023 por la LXIII legislatura. En mayo de 2024, se informó que la Comisión de Salud y Asistencia Social tiene en análisis varias iniciativas propuestas, las cuales consisten en reformas que procuren la salud mental y las adicciones como un tema prioritario para el cual se disponga la atención necesaria. Dicha iniciativa continúa en análisis por las comisiones desde hace más de un año. En febrero de 2025, el diputado Marco Antonio Gama Basarte propuso reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública para establecer el derecho de los elementos a recibir asesoría y tratamiento psicológico, con chequeos periódicos y atención personalizada. En mayo de 2025, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención y Control de Adicciones, y el Código Penal. La propuesta busca tipificar como delito cualquier internamiento en centros de salud mental o rehabilitación que ocurra sin consentimiento informado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Esta propuesta tuvo mucha resistencia por parte de familiares que argumentaban la criminalización de la única alternativa posible para muchas familias ante la falta de atención institucional. En junio de 2025, se realizó una mesa de trabajo con diputadas, autoridades, especialistas y representantes de clínicas, para enriquecer la iniciativa y escuchar posturas diversas sobre el internamiento forzado y se sigue considerando la viabilidad de su aprobación.