Con el voto en contra del grupo parlamentario de Morena, se aprobó durante la presentación de una controversia constitucional en contra de las reforma la Ley General de Comunicación social durante la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado.

La propuesta presentada por el diputado y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Ernesto Ayala Torres, particularmente está dirigida a la modificación del de la Ley General de Comunicación Social, que establece una inversión acotada al del 0.1% del presupuesto anual de egresos.

Con la aprobación la LXV Legislatura del Congreso del Estado interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Argumentaron que con esta disposición se violentan los principios, por la invasión de la facultad constitucional del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato de legislar en todos los ramos del régimen interior del estado de Guanajuato, expedir leyes y ejecutar todos los actos que la Constitución General de la República no reserva de manera especial para el Congreso de la Unión con la aprobación, expedición y publicación del Decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

Los legisladores de Morena Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Ernesto Millán Soberanes y  Alma Alcaraz Hernández se pronunciaron en contra de la propuesta

Ernesto Prieto afirmó que el señalamiento de la presunta intromisión Congreso Federal  era falsa. De acuerdo a su explicación la reforma postulaba como propósito en política y campañas electorales menos dinero, más sociedad, por lo que sí existía disposición constitucional que expresamente señala y reconoce la libertad configurativa del Congreso de la Unión para establecer límite al gasto en comunicación social.

En su participación, el congresista Ernesto Millán Soberanes argumentó que lo único que se pretende defender es el despilfarro del presupuesto público en comunicación social y publicidad, que con la reforma equivaldrían a 113.8 millones de pesos, es decir 310 mil pesos diarios. Subrayó que los gastos en esa materia no son prioritarios.