México Unido Contra la Delincuencia contabilizó 88 carpetas de investigación por extorsión en los primeros siete meses de 2025. El año pasado cerró con 130, lo que significó un repunte tras tres años de tendencia a la baja. Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, advirtió que este delito “limita la operación formal, impone costos ilegítimos y destruye confianza”. A nivel estatal, en agosto de 2025 el diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa que adiciona el artículo 231 BIS al Código Penal de San Luis Potosí, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La iniciativa establece sanciones de cuatro a diez años de prisión y multas de 400 a mil UMA para quien intimide a otro con el fin de obtener un beneficio económico. Si se utilizan medios de comunicación, las penas aumentarán de seis a 12 años de prisión y multas de 600 a mil 200 UMA.

Además, las sanciones se incrementarán en una mitad cuando la extorsión implique, uso de armas o violencia física; víctimas menores de 18 años, mayores de 60 o personas en situación de vulnerabilidad; uso de tiempo aire en números telefónicos relacionados con el delito; transferencias o depósitos bancarios vinculados al ilícito. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información

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Cuando participen policías o servidores públicos, se impondrá destitución definitiva, inhabilitación de uno a 20 años para ocupar cargos públicos y aumento de la pena.