La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, expresó su preocupación ante la propuesta de reducir en un 25 por ciento el presupuesto de las autoridades electorales, al señalar que dicha medida resulta contradictoria frente al incremento de atribuciones que se prevé otorgar al instituto en el marco de la reforma electoral.

La consejera advirtió que disminuir recursos mientras se amplían responsabilidades implicaría un escenario complejo para la autoridad electoral, ya que cada nueva atribución requiere mayor personal, estructura operativa y financiamiento para garantizar su correcta ejecución.

“Si no se cuenta con los recursos suficientes para cumplir con todas las responsabilidades, se podría perder la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral”, sostuvo.

Ravel Cuevas explicó que el INE actualmente tiene muchas más funciones que cuando fue reformado en 2014. Entre ellas mencionó la organización de consultas populares, procesos de revocación de mandato, la elección judicial, tareas de transparencia, fiscalización y vigilancia de partidos políticos, entre otras.

En ese sentido, señaló que cualquier reforma electoral que modifique o amplíe atribuciones debe ir acompañada de un análisis técnico y presupuestal que permita dimensionar el impacto financiero real.

“Dependiendo de las atribuciones que se le den al instituto deberá hacerse una ponderación; seguramente el análisis arrojará que se requiere más presupuesto para cumplir con lo que la ley mandata”, indicó.

Sobre la propuesta de obligar a quienes aspiren a diputaciones o senadurías de representación plurinominal a realizar campaña, la consejera explicó que ello también implicaría mayores cargas operativas y presupuestales para el INE, pues tendría que organizar, fiscalizar y supervisar actividades adicionales.

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Advirtió que, ante una reducción significativa de recursos sin un rediseño integral de responsabilidades, podría generarse un escenario de insuficiencia operativa que incluso derive en un posible “colapso” institucional frente a la imposibilidad de cumplir cabalmente con todas las obligaciones legales.