La Consulta a personas con discapacidad en materia de Reforma Político Electoral y Educación Inclusiva, no cuenta con presupuesto, no tiene datos contundentes, será un ejercicio improvisado, pues esta es minimizada por el Congreso Local, denunció Catalina Torres, secretaria de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, capítulo San Luis Potosí.  El ejercicio que se llevará a cabo del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2022, no dejará un buen trabajo de campo, pues ni siquiera los legisladores están manejando datos coincidentes, pues el diputado Edmundo Torrescano, en la presentación de la convocatoria a la consulta, dijo que sólo había 150 mil personas con discapacidad en el estado, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que hay medio millón de personas con discapacidad, reclamó la activista. Con esta consulta, se tomarían datos para la elaboración de la Ley Electoral, así como la adecuación de algunos artículos de la Ley de Educación, que fueron parte de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La sentencia es para dos grupos, para personas indígenas, de personas originarias, pero también para personas con discapacidad, la consulta para personas indígenas y de pueblos originarios, ya se llevó a cabo, de hecho, se llevó una consulta verdaderamente onerosa, que rebasó los 5 millones de pesos, tan así que para la consulta para personas con discapacidad, dejaron 0 pesos y 0 centavos”. Denunció que esta consulta no ha sido planeada, debido a la falta de recursos, “una consulta que tan no ha sido planeada, que Edmundo Torrescano habla de 150 mil personas en territorio potosino y el Inegi tiene otros datos, en San Luis Potosí, según el Inegi son 496 mil 661 personas con limitación, discapacidad o algún tipo de problema o condición mental”. Con estos datos discordantes, se indica la calidad de planeación para la consulta, la cual “seguramente sólo será una simulación”, lamentó.