El proyecto para la construcción del esperado paso inferior vehicular en la zona de El Saucito se encuentra detenido en la Contraloría General del Estado (CGE). La dependencia estatal informó que el proyecto de convocatoria permanece en proceso de revisión técnica y jurídica debido a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha solventado una serie de observaciones fundamentales para garantizar la obra. De acuerdo con el cronograma detallado por la CGE, el gobierno municipal turnó el proyecto el pasado 25 de marzo. Desde entonces, el órgano estatal ha emitido tres pliegos de observaciones los días 26 de marzo, 6 de abril y 26 de abril, con el objetivo de que la autoridad capitalina subsane las deficiencias y el procedimiento se apegue estrictamente a la normativa vigente. Las observaciones emitidas por la Contraloría exigen al Ayuntamiento la acreditación formal de permisos, licencias y dictámenes indispensables para la ejecución de los trabajos, tal como lo estipulan los artículos 19, 20, 25, 26, 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entre los requisitos pendientes se encuentran:

El Estudio de Impacto Urbano: Exigido por el artículo 4°, fracción XLI, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Visto bueno del INAH: Al tratarse de una zona con alto valor histórico y patrimonial en torno al templo del Saucito, se requiere la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Convenio de colaboración: El instrumento jurídico que coordine formalmente las acciones de ejecución con el propio Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Ante los señalamientos de retrasos, la Contraloría General del Estado aclaró que no mantiene "bloqueado" el procedimiento. La dependencia argumentó que, por mandato de ley, está obligada a realizar revisiones preventivas y exhaustivas para asegurar que toda obra pública se desarrolle bajo los principios de legalidad, transparencia y certeza jurídica. Asimismo, la CGE enfatizó que estas supervisiones no constituyen una medida extraordinaria ni un trato preferencial negativo hacia la capital, sino que forman parte de los mecanismos de control que se aplican de manera permanente a los 59 municipios de la entidad para garantizar la correcta rendición de cuentas.

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