Una corte de apelaciones de Estados Unidos bloqueó el martes la iniciativa de un juez que pretendía investigar si el Gobierno de Donald Trump había incumplido deliberadamente una orden judicial que obligaba a suspender los vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos hacia El Salvador, en lo que representa una victoria para el presidente republicano.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia en una decisión de 2 a 1, se pronunció contra el juez federal James Boasberg en su disputa con funcionarios de la administración sobre los límites del poder presidencial. 

La corte concluyó que Boasberg vulneró “la autonomía del poder ejecutivo” al exigir el testimonio bajo juramento de altos funcionarios para determinar si habían desobedecido su orden de marzo de 2025, que obligaba a regresar aviones con venezolanos expulsados de Estados Unidos.

“La corte de distrito se propone investigar las deliberaciones de alto nivel del poder ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia”, escribió la jueza Neomi Rao en la resolución. Rao calificó el procedimiento por desacato iniciado por Boasberg como un “claro abuso de discrecionalidad”. Estos procesos pueden derivar en multas u otras sanciones.

Rao contó con el respaldo del juez Justin Walker, mientras que la jueza J. Michelle Childs se mostró en desacuerdo. Rao y Walker fueron nombrados por Trump, mientras que Childs fue designada por Joe Biden.

Demandan actuación ilegal del gobierno

La controversia se enmarca en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de varios venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Los demandantes alegan que el Gobierno actuó ilegalmente al ordenar los vuelos. Esta ley, promulgada en 1798 y rara vez utilizada, otorga al presidente amplios poderes para detener y deportar ciudadanos de países en guerra con Estados Unidos o que hayan intentado invadir su territorio.

El mismo tribunal ya había suspendido temporalmente en diciembre el procedimiento por desacato de Boasberg mientras evaluaba el caso. El juez ha emitido múltiples fallos contrarios a la administración Trump, lo que llevó al presidente a calificarlo de “lunático de la izquierda radical” y “agitador”.

Los venezolanos involucrados en el litigio fueron liberados de una prisión en El Salvador el verano pasado y regresaron a su país como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos. Washington los acusa de pertenecer a una banda criminal, acusación que sus abogados y familiares rechazan.

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Con información de Excélsior