Una de las preocupaciones de la reforma al Poder Judicial de la Federación es que se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, mediante el cual se habilitarían las actuaciones de todos los juzgadores del país, señaló Alejandro Díaz de León, experto en temas jurídicos. En consecuencia, todas las personas juzgadoras que incurran en una infracción a la ley, cuestiones contrarias al orden público y cuestiones contrarias a la administración de justicia, se les podría imponer sanciones que van desde multas, destituciones, inhabilitación y denuncia ante el Ministerio Público de la Federación para procesar al juzgador correspondiente. Sin embargo, para los jueces de distrito y magistrados de circuito, que son a los que les compete conocer de los juicios de amparo que cotidianamente se están promoviendo, podrían ser destituidos por las 3 acciones anteriores, las cuales, destacó que tienen una alta dosis de subjetividad. Aseveró que "son conceptos en donde le dejarían unas herramientas de sanción sumamente agresivas a este Tribunal de Disciplina Judicial y sin duda inhibiría a los juzgadores de ejercer su funcionamiento con independencia judicial". Por su parte, el ministro de la Corte tendría que ser destituido mediante el procedimiento de juicio político que prevé la Constitución. Con el inicio de los foros del parlamento abierto para discutir los términos de la reforma al Poder Judicial, se busca que participen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para analizar de manera crítica el proyecto de reforma. Aseveró que se espera que, en dichos foros, logren salvar la permanencia de los jueces de distrito y magistrados de circuito, lo cual representaría un avance significativo a la justicia cotidiana porque permanecería la justicia ordinaria y se le deja a la extraordinaria los asuntos que generalmente ve la Corte.