La seguridad de los impartidores de justicia federales está en su peor momento. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, tiene el reto y la obligación de garantizar la seguridad e integridad física de los jueces, ministros y todos los impartidores de justicia federales. Esta garantía debe estar presente en sus hogares, instalaciones que laboran y hasta en los vehículos que los transportan. Permítanme detenerme en el tema de sus vehículos, los cuales son instrumentos indispensables para el desempeño de su trabajo, que hoy, están en pésimas condiciones, como en el caso de autos blindados. Con información pública esta columna corroboró que el PJF redujo la protección de sus servidores para acceder a autos blindados para proteger su vida. En 2019 se tenían 233 vehículos blindados, actualmente son menos de 150. Debemos recordar que la seguridad de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación está a cargo de la Coordinación de Seguridad que depende del Consejo de la Judicatura Federal que también preside la ministra Piña Hernández. Según el INEGI el Poder Judicial de la Federación (PJF) cuenta con 1,483 órganos de los cuales el 94.8% (1, 407) pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Tenemos 273 Tribunales Colegiados de Circuito, 41 Centros de Justicia Penal Federal, un Centro Nacional de Justicia Especializado, 13 Plenos de Circuito, 486 Órganos y/o unidades administrativas. La seguridad de todos ellos es responsabilidad de la ministra Piña Hernández. Las personas más vulnerables dentro del PJF son los 880 magistrados y 676 jueces. Lo terrible es que para la protección de todos estos funcionarios solamente se cuenta con 32 funcionarios adscritos a las Coordinación de Seguridad en la Judicatura. Otro indicador que es un foco rojo es que solamente hay 148 vehículos blindados para proteger la vida de más de 1,500 magistrados y jueces federales, es decir menos de un 10% de los encargados de impartir justicia federal cuentan con seguridad para trasladarse con seguridad de su casa a sus oficinas y viceversa. La vida de un juez federal es invaluable para reducir la impunidad rampante que se vive en este país. Ya se han asesinado jueces, por lo que necesitamos considerar la posibilidad de tener impartidores de justicia “sin rostro” como en Italia para que puedan llevar casos contra los líderes de la delicuencia organizada. Otro tema crítico es el personal asignado para la seguridad personal de los jueces. El CJF tiene también muy poco personal asignado para la seguridad de los ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. A partir de la instalación en 2006 de artefactos explosivos en instalaciones del PJF se reforzaron las medidas de seguridad en el CFJ. Lamentablemente, se han estancado los esfuerzos de protección de la vida de jueces y magistrados federales. Contar con un escolta capacitado y un vehículo blindado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de juez o magistrado federal. Esta es una enorme piedra que carga sobre su espalda la ministra Piña Hernández porque no solo es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también del Consejo de la Judicatura. Sobre la ministra Piña Hernández no solamente recae el peso de la defensa de la Constitución sino también de la vida de miles de servidores de justicia federales, en un contexto nacional terriblemente violento. ***

Agenda estratégica: Sobre este tema sugiero revisar los resultados Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 del INEGI: https://bit.ly/3xuFn57   POR GERARDO RODRÍGUEZ [email protected] @GERODRIGUEZSL