La educación básica se encuentra en una situación preocupante. A pesar de los esfuerzos e iniciativas implementadas por los políticos en el poder, los resultados en el aprendizaje de los niños no han sido alentadores. La toma de decisiones autoritaria, la falta de conocimiento del terreno educativo, un diagnóstico fallido, gasto desmesurado sin focalización, la restricción y transparencia a los datos para la toma de decisiones, ausencia de programas de estudio, un nuevo curriculum y libros de texto ilegales son apenas algunos indicadores que, una vez más, nos remiten a la simulación anunciada en el próximo ciclo escolar en lugar de un verdadero compromiso de avance en la calidad educativa. Una de las principales problemáticas en San Luis Potosí es la toma de decisiones autoritaria por parte del gobierno estatal en materia educativa. Las decisiones sobre políticas y programas educativos se toman de manera unilateral, sin tomar en cuenta la opinión y experiencia de los profesionales de la educación. Esto resulta en la implementación de medidas que no se ajustan a las necesidades reales de las escuelas y los alumnos. Además, se evidencia una falta de conocimiento del terreno educativo por parte de las autoridades. La formulación de políticas se realiza sin considerar las particularidades de las comunidades y las escuelas, lo que limita su efectividad. Sin un conocimiento profundo de las necesidades y desafíos específicos de cada región, es difícil implementar acciones que realmente beneficien el aprendizaje de los niños. En Horizontes de Aprendizaje, derivado de la medición de aprendizajes en áreas como lectura y matemáticas a través de la segunda edición de nuestro estudio “Regreso con Rumbo” podemos observar una clara tendencia de estancamiento en los aprendizajes de los niños. Nuestra línea base la tomamos en el mes de junio de 2021 y a dos años de aquel ejercicio estadístico, observamos que, a pesar de los esfuerzos económicos de apoyo a la escuela y las familias, los indicadores que dan muestra de la comprensión de lectura van en retroceso y de resolución de operaciones básicas se mantiene inerte.  En este sentido el gasto desmesurado sin una adecuada focalización me parece preocupante. Esto sugiere que el dinero se está utilizando de manera ineficiente y no se está dirigiendo hacia las áreas que más lo necesitan. Es fundamental implementar mecanismos de evaluación y seguimiento para asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva y se traduzcan en mejoras tangibles en el sistema educativo. Para el caso de los datos y la información para la toma de decisiones hemos sido testigos del oscurantismo relacionado al tema educativo. Por un lado, en abril de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anunció que dejaría de publicar información educativa por solicitud de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) los cuales incluyen temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa.

Estos cambios, sin duda, vulneran la generación periódica de información que es necesaria para la mejora educativa, y sin la cual no se pueden diseñar políticas basadas en evidencia. Pero no es algo nuevo, ya que desde la federación complican la recolección y divulgación de datos como la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y el servicio profesional docente o la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). Así, la información educativa dejará de ser de uso obligatorio para todas las instancias gubernamentales y limita el derecho al acceso y transparencia de la información pública.

En paralelo, los profesores afrontan un nuevo plan de estudios derivado de la Reforma de 2019. Con cambios significativos en el curriculum tanto en imagen y de contenido, que requieren una formación gradual y constante con acompañamiento técnico y pedagógico. Podríamos discutir a profundidad este punto, pero la verdadera pregunta es, ¿era necesario este cambio educativo ideológico radical en el contexto postpandemia que estamos atravesando? Me parece que no. Hasta hoy, distraídos por esta imposición, no hemos logrado recuperar la matrícula que teníamos en el ciclo escolar 2019-2020 y, en línea con la información que han presentado muchos expertos en la materia, nos podría tomar hasta 10 años recuperar los niveles, no solo de matrícula, sino de aprendizajes que teníamos en 2018.

En este panorama, no contamos con programas de estudio. Desconocemos si ya existen y están ocultos o de plano no se han elaborado. Pero sin este insumo, ¿cómo es posible contar con libros de texto? Un error mayúsculo que raya en la ilegalidad y se traduce en materiales educativos que, lejos de mejorar las oportunidades de los más desfavorecidos, acrecentará la brecha de desigualdad con aquellos estudiantes en condiciones favorables para su desarrollo. En San Luis Potosí, pareciera que siguen de manual esta indicación ya que se presentaron libros de texto como apoyo a la lectura y matemáticas, pero que no están alineados al modelo de “transformación” que el gobierno federal nos quiere vender.

Como podemos advertir, la simulación educativa está a la vuelta de la esquina. Desde la autoridad están convencidos de que gobernar significa solo decretar, de que regalar la riqueza de los contribuyentes sin responsabilidad alguna sostiene la movilidad social y que la esperanza del futuro consiste en creer y venerar su “generosidad”. Así, la “Nueva” Escuela Mexicana solo ha traído incertidumbre, desorden, confusión y muy probablemente destrucción de lo poco que habíamos construido como sistema. Todo esto coloca, una vez más en los hombros de los maestros con voluntad y compromiso, el avance del aprendizaje en nuestro país. Un apostolado desgastante que, lejos de profesionalizar y revalorizar su labor, los mantiene sumidos en la desmotivación y el hartazgo. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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