La Ciudad de México se convirtió en mina de oro para un negocio que pocos conocen y que muchos padecen: el despojo organizado de viviendas.

Bandas especializadas en invasiones, desalojos ilegales y toma de predios operan con una eficiencia que envidiaría cualquier empresa formal y con una impunidad que debería avergonzar a las autoridades.

No son improvisados. En los juzgados civiles de la capital reparten tarjetas que ofrecen servicios de “lanzamientos y embargos”.

Tienen contactos, conocen los tiempos legales y saben exactamente cuándo actuar. Si alguien se resiste, según testimonios documentados, la negociación termina a golpes.

Los casos recientes lo confirman. El 21 de junio, por ejemplo, un matrimonio de octogenarios fue despojado con lujo de violencia de su propiedad, ubicada en avenida Joyas 2930, colonia Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero.

En el caso están involucrados un supuesto abogado de nombre Mario Alberto Olay Flores, así como Grisel Briolanka Labastida, Patricia Silva y Santiago Labastida.

Otro caso: en noviembre de 2025, más de diez familias fueron expulsadas de un predio en Antonio Caso 163, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Un grupo de hombres golpeó a los habitantes y los arrojó a la calle con sus pertenencias.

En días recientes, en la colonia Del Valle, vecinos bloquearon Avenida Coyoacán tras documentar al menos cinco casos de despojo, incluyendo un intento de invasión donde apareció una supuesta mediadora del Poder Judicial de la CDMX identificada como Virginia Vázquez.

Ese detalle no es menor: cuando el sistema judicial aparece en el despojo, el problema deja de ser delincuencial y se vuelve institucional.

A todo esto se suma el efecto Mundial 2026. Vecinos de colonias como Juárez, Centro y Xoco denunciaron que la especulación inmobiliaria generada por el torneo aceleró procesos de expulsión, con un impacto estimado de hasta cuatro mil personas afectadas.

Activistas advierten de la posible intervención del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano en operaciones poco transparentes.

En respuesta, el gobierno de Clara Brugada dio a conocer que en estos y otros casos ya trabaja el Gabinete Contra Despojos, coordinado por la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad.

Se han registrado 22 intervenciones en 12 alcaldías, solo entre el 15 y el 22 de julio; 28 operativos en abril; y 13 acciones en marzo. Cifras que revelan tanto el esfuerzo institucional como la dimensión real del problema. Sin embargo, recuperar un predio después del despojo no es lo mismo que evitar que ocurra.

Lo que falta -y lo que especialistas llevan meses exigiendo- es una estrategia real de prevención, vigilancia temprana y acceso oportuno a la justicia. Porque en la CDMX, el derecho a la vivienda no debería depender de si llegas antes que la banda que quiere quitarte tu casa. Hoy, para miles de familias, así funciona. Y eso no es un problema de seguridad: es un problema de Estado.

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MIENTRAS LA BUROCRACIA de la UNAM se despabila tras su “merecido” periodo vacacional, en Morena se frotaban las manos por la crisis que provocó la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura.

Hasta hace tres días, las huestes del rector Leonardo Lomelí Vanegas no tenían la más remota idea de cómo enfrentarían el problema. Pero en el partido oficial echaron a andar la maquinaria para azuzar a los aspirantes y exigir la realización del examen presencial.

No busca Morena derrocar al rector, pero sí ganar mayor influencia en la toma de decisiones, aprovechando la crisis en turno, porque la universidad, dicen, sigue siendo dominada por priistas del pasado. Así es que sus problemas apenas empiezan.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando el crimen organizado aprende a usar la ley mejor que los ciudadanos, el Estado ya perdió la primera batalla”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

COLABORADOR

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