La diferencia entre los registros de muertes violentas de mujeres y los casos reconocidos oficialmente como feminicidio en Guanajuato pone sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios utilizados por las autoridades para clasificar estos delitos. En los primeros ocho meses del año, Causa en Común documentó 23 muertes de mujeres con características de crueldad extrema, mientras que la Fiscalía General del Estado reportó 17 feminicidios y 119 homicidios dolosos de mujeres hasta finales de agosto. Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora y vocera de Causa en Común, señaló que los 136 homicidios dolosos y feminicidios registrados por la Fiscalía representan la totalidad de muertes violentas de mujeres reportadas por la institución, de las cuales únicamente alrededor del 5 por ciento fue clasificado como feminicidio. Consideró necesario conocer los criterios empleados para abrir carpetas por este delito y revisar si las investigaciones descartan de manera adecuada la posibilidad de que algunos homicidios correspondan a feminicidios. La especialista explicó que las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género y que existen circunstancias que pueden requerir un análisis bajo esta perspectiva, entre ellas el abandono de cuerpos en espacios públicos, indicios de violencia sexual o la participación de una pareja sentimental como principal sospechosa. No obstante, aclaró que no todas las muertes violentas de mujeres necesariamente constituyen feminicidios, por lo que la clasificación debe sustentarse en las circunstancias y elementos de cada investigación.  

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Respecto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Canjura Luna señaló que su efectividad debe evaluarse mediante resultados concretos, como la reducción de feminicidios, desapariciones y otras formas de violencia. También planteó la necesidad de fortalecer los espacios seguros y albergues para mujeres en riesgo, así como mejorar la coordinación entre policías, fiscalías, jueces y autoridades municipales para dar seguimiento a las medidas de protección. Añadió que persisten prácticas institucionales que pueden revictimizar a las mujeres y sus familias, por lo que las autoridades deben garantizar atención e investigaciones con perspectiva de género. Con información de Zona Franca