El origen y la autorización de los descuentos aplicados vía nómina a maestros de Querétaro deberán ser esclarecidos como parte de la investigación que ya se encuentra en manos de la autoridad judicial, luego de que legisladores cuestionaran a la autoridad educativa sobre quién autorizó el mecanismo y bajo qué convenio se realizó. Durante la Glosa del informe en materia educativa, el diputado Erick Silva, de la fracción parlamentaria de MORENA, cuestionó que no se hubiera explicado quién dio la autorización para que se realizaran los descuentos directamente de la nómina de los docentes, ni bajo qué esquema o convenio se estableció el mecanismo. El legislador insistió en que la principal interrogante permanece sin respuesta: quién firmó el convenio y quién asumió la responsabilidad de autorizar que los recursos fueran descontados a los trabajadores antes de que fueran dispersados en sus cuentas. La secretaria de educación en la entidad, Martha Elena Soto Obregón, respondió que los descuentos vía nómina son una práctica que puede realizarse cuando existe autorización expresa de los trabajadores, y citó como ejemplos operaciones relacionadas con servicios, gastos de marcha o compras en establecimientos. Sin embargo, al referirse específicamente al caso denunciado por los docentes, reconoció que existen elementos que deben ser revisados y que el asunto forma parte de una investigación. “Hubo evidentemente una irregularidad”, señaló la autoridad durante su intervención, al explicar que la Fiscalía encontró elementos que podrían constituir delito y que el expediente fue presentado ante la autoridad judicial. De acuerdo con la explicación ofrecida durante la comparecencia, la autoridad judicial admitió el expediente y derivado de ello se estableció la obligación de suspender los descuentos. La secretaria, sostuvo que este procedimiento permite advertir que hubo aspectos que debieron verificarse y que, presuntamente, no se realizaron de manera adecuada.

“Alguien dejó de hacer su trabajo o alguien omitió el hacerlo”, afirmó, al considerar que será la investigación la que determine qué ocurrió y, en su caso, quiénes tienen responsabilidad. El diputado cuestionó además que la respuesta institucional no permitiera conocer si los descuentos continuaban vigentes ni cuántos maestros permanecían sujetos a ellos. También planteó que, independientemente de lo que determine la autoridad judicial, la Secretaría de Educación y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) deberán explicar el procedimiento mediante el cual se autorizó un mecanismo que afectaba directamente los ingresos de los trabajadores. La respuesta oficial fue que las autoridades educativas deberán mantenerse sujetas a las determinaciones judiciales, debido a que el expediente ya se encuentra judicializado. Se señaló que corresponderá a la autoridad competente determinar si hubo responsabilidades y, en su caso, establecer las consecuencias legales correspondientes. El caso abre así una serie de interrogantes sobre los controles internos utilizados para autorizar descuentos vía nómina, la verificación de los convenios celebrados con terceros y la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en su autorización.

Mientras la investigación continúa, la autoridad educativa sostuvo que acatará las resoluciones que emita el Poder Judicial.