La teoría del realismo jurídico del Derecho se sostiene sólo en hechos sociales, pero sin ningún apuntalamiento moral. No obstante, aunque parezca contradictorio, tesis jurídicas concretas, como la de John Austin, basada en el temor a la sanción como el perfil definitorio del Derecho, o como en la de Oliver Wendell Holmes, quien afirma que el Derecho fue creado para los “hombres malos”, hacen ya una valoración moral del orden jurídico. Este tipo de planteamientos filosóficos del Derecho desconocen lo que para Hart –crítico acre de esas tesis– es el punto interno. Esto es, las normas tienen una razón interna de ser: el deber de cumplimiento de las mismas, más allá de los temores –eficaces o ineficaces– que pueda producir su incumplimiento. Deber que, dicho sea de paso, es de naturaleza moral. Tal como lo refiere Scott J. Shapiro en su libro Legalidad, si bien el Derecho busca, ciertamente, controlar al hombre malo, y por esta razón, amenaza en general con sanciones, también desea guiar la conducta del buen ciudadano. Toda esta explicación tiene que ver con el funcionamiento de las normas y principios que regulan a las instituciones públicas en una democracia. Un ejemplo. Hace muy pocos días, se dio un caso que demuestra cómo el Derecho en una democracia, sí funciona, cuando una conducta indebida pretende socavar los cimientos, precisamente, democráticos. Corea del Sur y la aplicación de la supuesta Ley Marcial lo confirman. Como es bien sabido, la historia contemporánea de Corea –y me refiero en general, no sólo a lo que hoy es la parte sur de la península– fue determinante para la creación de un país dividido en antípodas, fiel reflejo del inicio de la Guerra Fría. Tras una lucha fratricida de paralelos, la parte sur optó por un modelo occidental: economía de mercado e ideología liberal. Pese a las vicisitudes, Corea del Sur logró superarse en términos económicos e instalar un formato de gobierno democrático, en cuyos cimientos está el principio de frenos y contrapesos del poder público. El 3 de diciembre pasado, al presidente de esa nación, Yoon Suk-yeol, se le ocurrió expedir y aplicar de inmediato una Ley Marcial, con apoyo del ejército. Los argumentos esgrimidos para sostener esta decisión del Poder Ejecutivo, recuerda la vieja perorata de la “amenaza roja” y del “comunismo”. Ciertamente, Corea del Sur está rodeada por dos enemigos más que potenciales: su contraparte del Norte y China. Sin embargo, la situación política coreana no se ve agravada por un peligro real o por una emergencia inminente. En el fondo, fue un intento por hacer a un lado a la oposición parlamentaria, la sede se intentó tomar por la fuerza y dar un golpe de Estado desde adentro. La sociedad coreana, ya ambientada en el escenario democrático, salió a las calles de inmediato, protestó ante la decisión del dictador y cuestionó la absurda aplicación de la Ley Marcial, coartando el régimen de libertades ya ganada con sacrificios. Ante la falta de apoyo popular y real, el presidente coreano tuvo que recular: revocó la ley y buscó culpables. En una democracia real, funcionan los pesos y contrapesos, ello cuenta: la Asamblea Nacional aprobó por 190 votos una moción que anuló la ley y pidió la destitución del presidente Suk-yeol. Todo en el marco de la Constitución coreana. Cabe recordar que, el último golpe de Estado en Corea del Sur fue hace más de cuatro décadas en 1980, tras el asesinato del entonces presidente Park Chung-hee. A veces queda la idea simplista de que Austin y Holmes tenían razón: el Derecho es para controlar a los “hombres malos”. Pero no es así, con una visión más profunda lo único que sucedió una vez más es que, en el Derecho y en las democracias, los pesos y contrapesos sí funcionan. POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA